El Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno dar permisos de residencia a los 'sin papeles'

El comunicado enviado por el Defensor del Pueblo asegura que le ha recomendado al Ejecutivo que 'sin esperar a la aprobación del Reglamento' de la Ley de Extranjería 8/2000 'se desarrollen de forma inmediata' las previsiones establecidas en el artículo 31 del citado texto legal 'en lo relativo a las exenciones de visado y a la obtención de permisos de residencia temporal por arraigo y razones humanitarias'. El Defensor entiende que así sería posible 'la normalización de la situación administrativa de los inmigrantes que se encuentren en nuestro país, en los supuestos comprendidos por la norma, sin necesidad de obtener visado'.

El escrito remitido al Gobierno solicita que el desarrollo de las previsiones del citado artículo de la ley 'se produzca con los criterios más amplios y flexibles, para posibilitar de forma efectiva la normalización de los inmigrantes irregulares en España'. Múgica recomienda también al Gobierno que valore 'en especial' y de forma 'flexible y amplia' el criterio de arraigo de los inmigrantes, 'teniendo en cuenta de manera singular la existencia de núcleos familiares en esta situación'.

Generosidad

La oficina de Múgica sugiere igualmente que se desarrolle 'de forma generosa' el concepto normativo de las razones humanitarias, 'de forma que tengan aplicación para solucionar las situaciones de penuria económica, de dificultad material en los países de origen, etcétera'. Además, también se pide al Gobierno que en los casos en que pueda acreditarse 'la voluntad del inmigrante para obtener la regularización' y siempre que éste no haya cometido actividades ilegales no se someta a los extranjeros sin papeles 'a procesos de expulsión'.

Por otro lado, los adjuntos al Defensor del Pueblo negaron ayer que la institución tenga un criterio formado sobre la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería, tal y como informaba EL PAÍS en su edición de ayer. En una nota firmada por la adjunta primera, María Luisa Cava de Llano y Carrió, y el adjunto segundo, Manuel Aguilar Belda, ambos afirman que no tienen un criterio formado sobre la cuestión y niegan que haya discrepancia entre ambos en relación a la interposición o no del recurso.

Mientras, los defensores del pueblo de Cataluña, Valencia, Galicia, Andalucía, País Vasco y Canarias, reunidos en Las Palmas, coincidieron ayer en solicitar a la Administración central una interpretación de la Ley de Extranjería favorable a la defensa de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Los defensores piden al Gobierno que busquen fórmulas para ayudar a 'encontrar una salida' a la población inmigrante, ya que, según dejó claro el defensor catalán, Antón Cañellas, no se puede olvidar que los inmigrantes 'existen' y, dijo, 'queremos que se queden'. Los encargados de las defendurías autonómicas españoles están estudiando, además, la posibilidad de elevar a las comunidades autónomas o al Defensor del Pueblo estatal propuestas para recurrir la actual normativa, según informa Europa Press.