Interior asume el plan de Barcelona para frenar la ola de robos y tirones

Habrá reformas legales para atajar el incremento de la delincuencia menor que llevan a cabo habitualmente bandas organizadas en las grandes ciudades. La batería de medidas propuestas conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona y la Delegación del Gobierno fue respaldada ayer por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, en una reunión que celebró con el alcalde, Joan Clos, y con la delegada, Julia García-Valdecasas.

No se trata de grandes reformas, pero sí son suficientes para poner fin a un fenómeno diagnosticado con claridad en Barcelona y común a muchas otras grandes ciudades: la profesionalización de bandas de delincuentes especializados en los llamados delitos menores -robos, hurtos y tirones, entre otros-, que siembran la sensación de inseguridad. En el caso de Barcelona, por ejemplo, la policía tiene más que retratados a 400 delincuentes con 12.000 arrestos a sus espaldas. El fenómeno está muy localizado en el centro de la ciudad, coincidiendo con las zonas más turísticas. Las quejas y protestas ciudadanas ante ese fenómeno chocaron en un primer momento con el empecinamiento de las estadísticas policiales, que no reflejaban la realidad de la calle. Después se corrigió esa actitud y se pasó a intentar poner remedio a la situación.

Lo que se ha propuesto es un conjunto de medidas para que algunas de las infracciones hasta ahora consideradas faltas contra el patrimonio -por ejemplo, los hurtos y la sustracción de vehículos a motor- pasen a ser castigadas como delitos. La diferencia está en que las faltas son sancionadas con multas -que nadie paga- o arrestos de fines de semana, mientras que los delitos comportan penas de privación de libertad.

Otra medida propuesta es la introducción de un nuevo artículo en el título duodécimo del Código Penal sobre los delitos contra el patrimonio y de orden socioeconómico cometidos repetidamente por un mismo delincuente. Lo que se pretende es introducir la distinción entre reincidencia simple y multirreincidencia, que comportaría la aplicación de las penas en su grado máximo.

Asociación ilícita

Pero uno de los instrumentos que pueden resultar más eficaces es la introducción de un nuevo apartado en el artículo 515 del Código Penal, el de la asociación ilícita, para sancionar la planificación de las acciones delictivas. Sería la forma de castigar penalmente el fenómeno callejero de las bandas de delincuentes cuya misión es estrictamente delinquir contra el patrimonio. La propuesta planteada es que se considere asociación ilícita a la organización de tres o más personas que durante un tiempo se dedique a planificar y ejecutar robos y delitos en general contra la propiedad. En el caso de Barcelona, concretamente en el entorno del Casc Antic, es fácil observar cómo se organizan esas bandas, que salen a la calle y se distribuyen las víctimas de manera concertada.

El plan de medidas también propone un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para propiciar una prueba válida en los casos de robos a turistas. Muchos de estos casos acaban en absolución porque la víctima no acude el día del juicio ya que ha concluido su estancia en el país. Lo que se plantea es prever una comparecencia inmediata en uno de los juzgados de guardia para que la víctima pueda declarar.

'Se trata de un conjunto de medidas que no son importantes en cuanto a modificaciones legales, pero sí pueden ser muy efectivas', precisó la delegada del Gobierno.

El ministro Mayor Oreja asumió las propuestas formuladas y también el compromiso para que se traduzcan en modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, las trasladará a la comisión interministerial de Justicia e Interior. 'El ministro está de acuerdo en que se trata de medidas de máxima urgencia y que requieren ser atendidas con rapidez', puntualizó el alcalde.

Estas medidas serán de aplicación general. 'Será un buen sistema para que las grandes ciudades acaben con el fenómeno de la delincuencia organizada y casi profesionalizada', subrayó la delegada del Gobierno.

En el citado plan han participado de forma activa las principales instituciones judiciales de Barcelona, entre ellas la fiscalía, el juez decano y los diferentes cuerpos policiales. Es la segunda ocasión en que instituciones judiciales y autoridades de Barcelona impulsan medidas concretas para mejorar el marco jurídico legal ante problemas de seguridad. En 1992, con motivo de los JJOO, se propusieron los cambios que dieron lugar a la celebración de los juicios rápidos que posibilitaron resolver ciertos casos en 15 días.