Lío diplomático por las antenas de Radio Vaticana

La convivencia ejemplar entre el Estado de la Ciudad del Vaticano, que ocupa apenas medio kilómetro cuadrado en el corazón de Roma, y el Estado italiano se ha visto enturbiada por un insólito conflicto planteado por las antenas de Radio Vaticana, la emisora que difunde la palabra del Pontífice. Tres dirigentes de la emisora tendrán que sentarse el mes que viene en el banquillo para responder de un presunto delito de 'emisión de objetos peligrosos en el ambiente', penado con tres años de cárcel.

Los diplomáticos de la Santa Sede consideran que los tres acusados no deben comparecer porque están protegidos por los Pactos Lateranenses, firmados en 1929 entre el Vaticano y el Estado italiano para fijar los límites territoriales del Estado que alberga la Santa Sede. Una cuestión que no convence a los vecinos de Santa Maria di Galeria, una barriada en la periferia norte de Roma, cuya vida se ve alterada por la presencia del bosque de antenas de la emisora pontificia. Interferencias en teléfonos y televisores, además del temor a las consecuencias nocivas para la salud de esta contaminación electromagnética, han llevado a los vecinos a presentar el caso a la justicia. Radio Vaticana comenzó a emitir en 1931 gracias a la ayuda del mismísimo Marconi, y trasladó el centro de transmisión a Santa Maria di Galeria, un territorio cedido por Italia a la Santa Sede en 1951, cuando la zona estaba deshabitada.

El director de la emisora, el jesuita Pasquale Borgomeo -uno de los tres procesados, junto al presidente Roberto Tucci, que recibirá la púrpura cardenalicia el miércoles próximo, y el abogado Constantino Pacifici-, insiste en que las antenas cumplen con la normativa.

Este conflicto diplomático es el tercero que se produce entre el Estado italiano y la Santa Sede por cuestiones relacionadas con la justicia. Más grave fue el caso del arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, implicado en un grave escándalo bancario en 1988, que se libró de ser detenido por una sentencia del Tribunal Supremo. El último caso, el protagonizado por el cardenal de Nápoles, Michele Giordano, acusado de financiar una red de usura, se resolvió con una rápida absolución del purpurado en diciembre pasado.