Los grupos parlamentarios condenan la gestión de Jesús Gil en Marbella

El informe del fiscal del Tribunal de Cuentas remitido al fiscal general del Estado acusa al alcalde de Marbella, Jesús Gil, de fraude, tráfico de influencia, malversación, prevaricación, delitos contra Hacienda y la Seguridad Social y otros relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.

Ubaldo Nieto compareció ante la Comisión Mixta Congreso-Senado y explicó que el TC formula como 'única recomendación' al Ayuntamiento de Marbella que adopte a la 'mayor urgencia' cuantas medidas sean precisas para que sus actividades se sometan a los principios y normas de deben regir toda actuación de las Administraciones Públicas, informa Efe.

Los grupos parlamentarios, por su parte, pidieron también que se ejerzan las actuaciones pertinentes para la restitución de los fondos públicos desaparecidos o malversados.

El informe de fiscalización del TC sobre el Ayuntamiento de Marbella entre 1990 y 1999 -que comprende dos Gobiernos del GIL- fue elaborado a petición de las Cortes y constata numerosas deficiencias, irregularidades e incumplimientos de normas legales, así como la falta de justificación en el gasto de decenas de miles de millones de pesetas.

En nombre del PP, el diputado Juan Manuel Albendea aseguró que su grupo pedirá que el TC remita a la Agencia Tributaria la documentación sobre los supuestos delitos fiscales y confió en que la Administración de justicia sea suficiente para reparar los 'gravísimos daños' a Marbella y a la política española.

La diputada socialista Teresa Costa calificó la administración del GIL de 'crimen organizado dirigido por el alcalde [Jesús Gil]'. Opinó que la red de sociedades públicas creada por el partido de Jesús Gil ha sido 'clave' para la comisión de delitos y pidió a Nieto que ampliara y precisara la información facilitada por el Tribunal de Cuentas.

El diputado José Luis Centella anunció que su grupo (IU) pedirá al fiscal general del Estado que intervenga, porque Gil ha injuriado al TC al acusarle de 'prevaricación' y al Parlamento de tener 'oscuras intenciones'. Además, solicitará la disolución de la corporación local actual según el procedimiento previsto en la ley, ya que la gestión ha sido 'gravemente dañosa' para los intereses locales y el equipo de gobierno incumple las obligaciones constitucionales.

Por CiU, el diputado Jordi Martí instó al Parlamento a actuar 'contundentemente' por la 'afrenta' del GIL, cuya gestión denominó como 'un cúmulo de prácticas intolerables'.

Sobre plazos, el presidente del TC dijo que se impulsará 'con la mayor rapidez posible' el trámite del enjuiciamiento y sobre las responsabilidades penales precisó que esta cuestión pertenece ya a la Fiscalía General del Estado y que no sabe si después se trasladará a otros ámbitos, como la Fiscalía Anticorrupción.

Además, Nieto se comprometió a que el TC responda por escrito a todas las cuestiones que plantee la Comisión Congreso-Senado en aras del 'rigor' e insistió en que es difícil conocer datos si los particulares relacionados con irregularidades no quieren responder, así como las causas de los 62.000 millones sin justificar.

El TC considera que su labor ha estado condicionada por las carencias documentales y las dificultades puestas por el Ayuntamiento de Marbella.