Una ley contra la historia

Decíamos hace ya unos meses que la política de inmigración debe ser asumida por todos los poderes públicos y organizaciones sociales, como una verdadera cuestión de Estado que propicie un gran pacto político, social y moral, para evitar que nuestro país se desgarre con actitudes racistas, xenófobas y demagógicas, cada día más frecuentes. Y si propiciábamos este compromiso global de toda la sociedad en materia de inmigración, lo hacíamos no sólo por razones de pura justicia y solidaridad, sino también, convencidos de que una actitud unitaria de toda la sociedad en esta trascendental cuestión, constituiría un pedagógico instrumento para afrontar con prudencia, pero también con generosidad, el proceso de encuentro universal de culturas y razas hacia el que camina inexorablemente la historia de la humanidad, empujada por los tremendos desequilibrios poblacionales territoriales y por las profundas desigualdades de todo orden existentes en el planeta. Un proceso en el que unos y otros cederemos algo de nosotros mismos, porque, casi profetizan las palabras de Sami Naïr, 'sabemos que todas las identidades se van a transformar; ésta es una certeza para el siglo XXI; y más vale prepararse para ello; es decir, educar a los pueblos, en vez de confiar ciegamente a las leyes del mercado'.

Pero este proceso histórico de mestizaje universal tiene en el racismo y la xenofobia la mayor amenaza al comienzo del nuevo siglo. Un racismo que se manifiesta terrorista, violento o sutil y oculto, pero presente en nuestras sociedades desarrolladas. Por eso, advertíamos también en vísperas del debate parlamentario sobre la Ley de Extranjería, ahora regresivamente reformada por impulso del PP, y en cumplimiento de una de las promesas electorales que le proporcionaron la mayoría absoluta, que quien impidiera u obstaculizara el necesario acuerdo o pacto global en materia de inmigración, por razones partidistas o simplemente egoístas, incurriría en una grave responsabilidad de la que algún día deberá rendir cuentas ante la sociedad. Y sin lugar a dudas, los hechos más recientes ocurridos en nuestro país, en torno a la difícil cuestión, que no problema, de la inmigración, comienzan ya a poner en evidencia el gravísimo error histórico que supone la regresiva reforma de las políticas de inmigración en nuestro país y que permiten calificar a la nueva Ley de Extranjería como una ley contra la historia.

Porque ninguna ley podrá impedir ni frenar el flujo constante a las sociedades favorecidas de inmigrantes sin recursos. Podrá obstaculizarse este proceso; y seguro que una ley como la aprobada, contribuye a fomentar y generalizar actitudes egoístas y de rechazo al inmigrante pobre, diferente y extraño. Ésta es la consecuencia necesaria de una política de inmigración que potencia la imagen social del inmigrante como una persona sin derechos. Primero son la explotración laboral y sexual; ya comienza a aflorar la siniestralidad laboral; después, cuando la bonanza decline, será la persecución. Triste bagaje el que se llevará este obcecado legislador a las vitrinas de un poder coyuntural, del que le despertará el griterío de las conciencias críticas.

Por eso, no debemos renunciar a una acción política, social y jurídica imaginativa, decidida y constructiva, para propiciar la integración de los que reclaman una parte de nuestro bienestar, luchando por el pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales. Instituciones como el Defensor del Pueblo en sus diferentes ámbitos territoriales, la judicatura, el ministerio fiscal, los colegios de abogados y las organizaciones sociales comprometidas en la defensa de los derechos de las personas, debemos alzar nuestra voz y aplicar nuestros conocimientos y compromisos en la defensa y vigencia del Estado social y democrático de Derecho que nuestra Constitución proclama, exigiendo el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, con independencia de su origen, condición, cultura o color; al tiempo que debemos exigir también de todos los poderes públicos y de todas las organizaciones políticas una regulación humanitaria y generosa de los flujos migratorios.

Ante el retroceso que supone la nueva Ley de Extranjería, que tira por tierra todo el trabajo de los últimos años, creemos ineludible la asunción generalizada de los siguientes compromisos en materia de inmigración: 1º) Es necesario fomentar el conocimiento y la denuncia de situaciones injustas, racistas, xenófobas e insolidarias, que atentan contra los derechos humanos de los inmigrantes. 2º) Se debe proceder a la regularización de todas las personas inmigrantes que residen en nuestro país, y que pueden acreditar cualquier tipo de arraigo laboral o social, reformando el sistema de permisos de trabajo y residencia, así como los trámites de renovación, en orden a evitar las inseguridades e inconvenientes de la normativa actual. 3º) Es necesaria una verdadera política de integración, basada en la plenitud de los derechos fundamentales, políticos, sociales y culturales de todos los inmigrantes, que permita el reagrupamiento familiar automático de los inmigrantes regularizados o no, casados o que acrediten uniones de hecho. 4º) Se debe garantizar el acceso de todos los inmigrantes a la formación ocupacional, la atención sanitaria automática, a una vivienda digna y a los servicios sociales generales. 5º) Es ineludible la escolarización total de sus hijos e hijas, independientemente de su situación jurídica y la de sus padres. 6º) Se deben suprimir las facultades discrecionales de la Administración en la interpretación de normas y permisos, garantizando una tutela judicial efectiva de las personas inmigrantes sobre cualquier decisión de la Administración, incluidas las medidas previas de expulsión. 7º) Se deben suprimir las campañas policiales indiscriminadas de identificación y detención, para comprobar los permisos de personas con rasgos sociales determinados. 8º) Toda persona que llegue a nuestro país en situación de necesidad y por cualquier medio de transporte, debe ser atendido humanitariamente por los poderes y servicios públicos, al margen de la decisión posterior sobre su status jurídico. Esta actitud es especialmente reclamable para las personas conocidas como polizones, y con todas aquellas que arriesgan su vida para llegar a nuestro país en pateras. 9º). La actual Ley de Extranjería no permite la consecución de estos objetivos. Ello hace inevitable que reclamemos su derogación y sustitución por una Ley de Inmigraciones justa y solidaria.

José Ramón Juániz Maya y Vicente Bóveda Soro son miembros de Abogados del Mundo.