Maragall estudia apoyar un recurso contra la Ley de Extranjería, al igual que Aragón y Baleares

Los apartados 5, 6 y 9 del artículo primero de la ley orgánica que reformó la Ley de Extranjería son inconstitucionales a juicio del Consejo Consultivo de la Generalitat. Estos tres apartados son los que reforman los artículos de la anterior Ley de Extranjería, y eliminan, respectivamente, los derechos de reunión y manifestación, la libertad de asociación, y la libertad de sindicación y huelga para los irregulares.

Tanto el Gobierno catalán como todos los grupos parlamentarios conceden una alta fiabilidad jurídica a los dictámenes de este Consejo Consultivo, que en esta ocasión ha actuado a petición de los grupos parlamentarios del PSC-Ciutadans pel Canvi, de Esquerra Republicana (ERC) y de Iniciativa-Verds (IC-V). Los portavoces de ERC y de IC-V, Josep Huguet y Joan Boada, respectivamente, pidieron ayer por la tarde a los socialistas que abandonen la postura 'ambigua y tibia' que el PSC ha mantenido sobre la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

Fuentes próximas a Pasqual Maragall explicaron que éste había recibido 'positivamente' el dictamen jurídico. Sin embargo, el Grupo Socialista pidió a los grupos de ERC e IC-V que aplacen unas semanas la presentación de la propuesta de recurso ante el pleno del Parlamento catalán. De no mediar este aplazamiento, la propuesta podría ser discutida por el Parlamento el día 20 o el 21 de febrero.

Pero PSC, ERC e IC no forman mayoría en la Cámara catalana, por lo que la decisión quedaría en manos de los diputados de CiU y, posteriormente, del Gobierno de Jordi Pujol. Éste conoció el dictamen ayer en Rabat y tras afirmar que no le sorprendía su contenido, rechazó adelantar qué decisión tomará. Pasó la pelota al Ejecutivo de José María Aznar. 'El Gobierno tiene que aplicar las leyes, hacerlas cumplir, y si no puede, tendrá que reformarla', afirmó.

La decisión de los socialistas catalanes, del Baleares y de Aragón se complica también porque si apoyan el recurso en sus respectivas comunidades desatenderán las indicaciones dadas en sentido contrario por la ejecutiva federal de los socialistas.

El PSOE balear planteará hoy a sus aliados de Gobierno balear la presentación de una moción parlamentaria para que la cámara territorial reclame un dictamen sobre la constitucionalidad de la ley al consejo consultivo. El éxito de la propuesta está condicionado por el voto que finalmente emita Unió Mallorquina. Este grupo bisagra de centro derecha nacionalista que tiene tres diputados imprescindibles en la mayoría alternativa al PP se mantiene en la ambigüedad, informa Andreu Manresa.

El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, explicó ayer que los socialistas de las islas quieren discutir 'la táctica para defender nuestro desacuerdo y poder expresar una singularidad territorial siempre en un proyecto que es global, del PSOE'. Antich, que es también secretario general de los socialistas baleares, ha mantenido estos días contactos sobre esta controvertida cuestión con Pasqual Maragall, presidente del PSC, y Marcelino Iglesias, presidente de Aragón.

Afinidad política

Los tres dirigentes han cultivado en los últimos dos años una considerable afinidad política federalista, que se ha concretado en posturas parecidas en los debates en el interior del PSOE y en pronunciamientos públicos o institucionales. Antich expresó públicamente su apoyo al líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero antes del congreso en el que fue elegido secretario general.

Antich, posiblemente de acuerdo con Iglesias y con el apoyo del PSC, intentará mañana jueves, en el comité territorial, que el PSOE cambie de posición sobre los recursos a la Ley de Extranjería. En el comité se dan cita secretarios generales y presidentes autonómicos. 'En el PSOE cultivamos el sentimiento autonómico, un modelo descentralizado', reiteró el presidente balear y 'en las votaciones del Plan Hidrológico, que el partido rechaza, ya se dieron votaciones distintas de comunidades socialistas'.

El consejo de Gobierno de Aragón aprobó ayer remitir a la Comisión Jurídica Asesora el acuerdo adoptado el pasado jueves en las Cortes de Aragón para que estudie si es viable la presentación de un recurso ante el Constitucional. Con esta decisión se daba por cerrada la 'minicrisis' desatada este fin de semana, cuando la dirección del PSOE recordó al presidente Iglesias que ése era un asunto de Estado y que no convenía recurrirlo, informa Concha Monserrat. El número dos del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, (PAR) aseguró: 'Este gobierno goza de una excelente salud y podríamos incluso presentarnos a las olimpiadas'. El vicepresidente, que ya había manifestado que su partido no tenía porqué someterse a las directrices del PSOE y que cumpliría el mandato de las Cortes, añadió: 'Hay un pacto de gobierno PSOE-Par que funciona, cuando ocurren cosas que están fuera de ese pacto se hablan y se solucionan'.