Salud y Defensa negocian el traspaso del Hospital Militar de Sevilla

La Consejería de Salud afronta el proceso de negociación en una posición ventajosa frente a Defensa ya que, según fuentes de la administración autonómica, cualquier operador privado que quiera hacerse con la instalación sanitaria necesita concertar su oferta con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para rentabilizar un edificio tan grande y con tal carga de personal.

Salud ya ha adelantado que no piensa llegar a ningún acuerdo con operadores privados y que no entrará en una puja por el edificio, por lo que a Defensa le quedan muy pocas opciones aparte de la de llegar a un acuerdo directamente con la Junta de Andalucía.

En cuanto al personal del Vigil de Quiñones (705 empleados civiles), el viceconsejero Moreno aseguró ayer que no habría ningún problema para alcanzar un acuerdo con Defensa en la comisión mixta de transferencias sobre su incorporación al SAS.

En la reunión, que Moreno mantuvo con el general Arturo Ortiz, inspector general de Sanidad del Ministerio de Defensa, no se trataron aspectos económicos del posible acuerdo, que quedan pendientes para futuros encuentros, en los que ya participe algún representante de la Gerencia de Infraestructuras del ministerio, encargada de la decisión final sobre la enajenación del patrimonio militar.

La Junta expresó al Ministerio de Defensa la necesidad de acelerar el proceso para que éste 'no dure meses'. Ortiz se reunió posteriormente con la Plataforma Pro Uso Público del Hospital Militar Vigil de Quiñones de Sevilla, que también le solicitó 'una negociación rápida' con la Junta sobre la transferencia del centro hospitalario. La Plataforma pidió además la firma de un preacuerdo que obligue a las dos partes en su compromiso de integrar el centro militar en la red hospitalaria pública de la comunidad andaluza, según el portavoz de la plataforma, Gabriel Iglesias.

Los representantes de la plataforma de trabajadores y entidades ciudadanas indicaron que, hasta que no se agilicen las negociaciones, mantendrán el calendario de actividades previstas, incluida la manifestación del próximo día 22. Iglesias dijo que, aunque no quieren provocar un conflicto, pueden 'verse obligados a tomar posiciones menos formales que las actuales'.