La fiscalía estudia abrir una investigación criminal por el indulto de Clinton a Rich

La conferencia que, al precio de 100.000 dólares (unos 17 millones de pesetas), dio Clinton la pasada semana en Boca Ratón (Florida) abochorna a su organizador, la firma de inversiones Morgan Stanley Dean Witter. Tras las protestas de muchos socios y clientes, Philip Pucell, su presidente, ha declarado: 'Deberíamos haberlo pensado dos veces antes de invitarle; deberíamos haber sido más sensibles al desagrado de nuestros clientes por el comportamiento personal de Clinton como presidente'.

La conferencia de Boca Ratón fue, según Pucell, 'un error particularmente desafortunado a la luz de las acciones de Clinton en su salida de la Casa Blanca'. Clinton ya se ha visto obligado a devolver los muebles del patrimonio de la Casa Blanca que se llevó el 20 de enero, pero aún no ha conseguido cerrar el caso Rich. El Comité de Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes celebró la pasada semana una audiencia sobre el polémico perdón concedido por Clinton a este empresario, fugado de EE UU tras ser acusado de 51 delitos económicos. El republicano Dan Burton, presidente de ese comité, insistió ayer en que quiere reanudar las sesiones con el testimonio de Denise Rich, la ex esposa del empresario que donó más de un millón de dólares al Partido Demócrata y 450.000 a la biblioteca que levanta Clinton en Little Rock.

El Comité de Asuntos Judiciales del Senado entra en acción mañana. Como aperitivo a su investigación, Arlen Specter, presidente republicano del comité, declaró el domingo que 'técnicamente es posible el impeachment de Clinton' por el caso Rich. En contra de la mayoría de sus correligionarios, Specter votó a favor de la absolución de Clinton en febrero de 1999, pero ahora parece arrepentirse. Dianne Feinstein, senadora demócrata por California y tradicional aliada de Clinton, también está escandalizada por el caso Rich, que tilda de 'tremendo error'. Feinstein declaró ayer que Clinton debe regresar a Washington y explicarse ante el Congreso.

Sin pensión ni oficina

El castigo de un segundo y retroactivo impeachment de Clinton no podría ser su destitución, pero sí la eliminación de los beneficios de su condición de ex presidente: pensión y oficina vitalicias. Clinton cobra 152.000 dólares al año y la oficina que ha alquilado en Nueva York le cuesta 800.000 dólares anuales al erario público.

Los constitucionalistas de EE UU discutían ayer sobre la viabilidad de la sugerencia de Specter. Entretanto, Mary Jo White, fiscal federal de Manhattan, estudiaba otro posible aprieto para Clinton: la apertura de una investigación criminal por el caso Rich. Se trataría de descubrir si hubo tráfico de influencias en el perdón. Aunque Clinton, cuyo indulto es constitucionalmente irrevocable, esté blindado frente a esas pesquisas, no es el caso de Denise Rich y Beth Dozoreth, sospechosas de intentar comprar los favores del mayor funcionario público con sus donativos para el Partido Demócrata y el propio Clinton.

White, según informó ayer Newsweek, se quedó 'lívida' al conocer el perdón presidencial a Rich, en cuya tramitación jamás había sido consultada, pese a que fue la fiscalía neoyorquina, que entonces dirigía Rudolph Giuliani, la que procesó en 1983 al financiero. Según Newsweek, Arthur Levitt, presidente de la neoyorquina Securities and Exchange Commision, también se subió por las paredes. '¡Ese hombre es un fugitivo! ¡Esto tiene un aspecto horrible!', declaró.

Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz, negó el domingo haber efectuado la menor gestión para conseguir el indulto de Rich, en contra de lo que, en documentos que posee el Congreso, afirmaron los amigos y abogados del fugitivo. Wiesel confirmó que fue contactado por Avner Azulai, ex agente del Mosad y el hombre de Rich en Tel Aviv. Pero añadió que rechazó sumarse a la causa, porque Rich era 'un fugitivo'.