La Zona más franca

Acababa de llegar el PSOE al poder y Felipe González se las veía con la oposición en un debate parlamentario muy tenso. El recién elegido presidente del Gobierno anunció en el hemiciclo que haría públicas '40 auditorías de infarto' que afectaban al derrotado Ejecutivo de UCD. Uno de aquellos informes supuestamente cardíacos se refería a la gestión del delegado de la UCD en la Zona Franca de Cádiz, Antonio Toscano, y recogía algún tipo de irregularidad administrativa. Desde entonces, el recinto fiscal gaditano, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y que permite la llegada por mar de mercancías libres de aranceles, se ha visto envuelto en la sospecha y se gestiona con cierta opacidad.

El sucesor de Toscano, Juvencio Maeztu, nombrado por el PSOE (fallecido en 1994), fue quien se encargó de airear las supuestas irregularidades que afectaban al delegado de UCD. Ahora, ha sido el delegado del estado actual, Manuel Rodríguez de Castro (PP), nombrado en 1995, quien ha resucitado una auditoría que acreditaba el pago de sobresueldos que no se declaraban a Hacienda, por valor de 34 millones de pesetas, a directivos de la Zona Franca de Cádiz entre 1990 y 1993, con Maeztu de presidente, quien cobró 21,4 de aquellos 34 millones de pesetas.

El PP ya denunció este hecho hace cuatro años, aunque ahora lo presenta como fruto de una investigación reciente, en pleno acoso del PSOE por las supuestas irregularidades del delegado popular. Los populares han hecho públicos los datos coincidiendo con el debate celebrado en el Parlamento andaluz sobre este asunto, logrando que el PSOE descafeinara su propuesta inicial y terminara por aceptar un perfil bajo para el debate.

Sin embargo, esta semana, el diputado del PSOE José Fernández Chacón ha seguido cursando nuevas preguntas al Ejecutivo, y el portavoz socialista, José Caballos, ha insinuado una posible implicación de 'altos dirigentes del PP' en el caso Zona Franca. Por el contrario, el PP se afana en presentar el pago de sobresueldos como 'el auténtico' caso Zona Franca. Tanto es así, que la alcaldesa de Cádiz y presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, que también preside el Consorcio fiscal, ha tardado un mes en convocar un pleno para que se den explicaciones sobre la gestión de Rodríguez de Castro. El único matiz es que Martínez pretende que el próximo 19 se debata casi exclusivamente la gestión del PSOE.

El único delegado que actuó cortando de raíz las posibles irregularidades fue Daniel Vázquez (PSOE), entre 1993 y 1995. Vázquez, hoy delegado de Hacienda de la Junta, encargó una auditoría para conocer si los pagos a directivos eran correctos. Una vez que Arthur Andersen le avisó de la flagrante irregularidad, advirtió al Ministerio de Hacienda de esta práctica, abonó 24 millones de pesetas por los atrasos y los intereses de las retenciones no practicadas, suspendió los pagos, lo comunicó al comité ejecutivo (con dos representantes del PP), y alertó a los directivos que habían percibido aquellas cantidades de que debían ponerse al día con el erario público. El PP, sin embargo, ha optado por intentar que Vázquez sea el cabeza de turco. Lo acusan de permitir el pago de sobresueldos y piden su dimisión. Vázquez ya ha presentado una querella por injurias y calumnias contra tres dirigentes del PP, entre ellos la presidenta provincial, María José García Pelayo, y el propio Rodríguez de Castro.

Por su parte, el propio Gobierno del PP confirmó el viernes en una respuesta parlamentaria lo ya publicado: la Zona Franca gastó más de 220 millones de pesetas en gastos de protocolo, viajes y almuerzos en cuatro años. Mientras, quedan por despejar las incógnitas sobre la posible incompatibilidad de Rodríguez de Castro., que es propietario o administra cinco empresas privadas, algunas de las cuales desarrollan actividades similares a las iniciativas empresariales de la Zona Franca.