Los indultos de Clinton

En uso de las prerrogativas presidenciales que le otorga la Constitución, Bill Clinton firmó en las últimas horas de su mandato una serie de indultos que han levantado una polvareda política. Estaba en su derecho, pero debía haber dado explicaciones políticas, y precisamente por no darlas es por lo que ahora las decisiones se vuelven en su contra. Literalmente con nocturnidad, en su última noche en la Casa Blanca, y en muchos casos contra el consejo de sus asesores jurídicos y del Departamento de Justicia, Clinton firmó 140 indultos y 36 conmutaciones de penas.

Entre los beneficiados por la gracia presidencial están personas vinculadas o condenadas por el caso Whitewater, que ha perseguido a Clinton durante sus mandatos, o relaciones de su Arkansas de origen. El indulto que más ruido ha hecho es el concedido a Marc Rich, huido de la justicia desde 1983, acusado de delito fiscal, conocido por sus importantes donaciones (y las de su esposa) al Partido Demócrata, y por el que también se ha intercedido desde España.

Estos perdones, además de los muebles, enseres y regalos que los Clinton se han llevado indebidamente de la Casa Blanca, han salpicado la imagen del ex presidente. Ahora, el Comité de Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos -y próximamente el Senado-, ha abierto una investigación política sobre estos indultos, donde, a través de testimonios directos o copias de correos electrónicos, están saliendo a la luz muchos trapos sucios, sin ningún efecto práctico, salvo que aparezcan nuevos delitos, pues el perdón presidencial no tiene vuelta atrás. Tampoco cabe olvidar otros escandalosos perdones en el pasado, como el de Ford a Nixon por el caso Watergate, o los de Bush, padre, a varios altos cargos, incluido el entonces secretario de Defensa, Caspar Weinberger, por su relación con el caso Irán-Contra, de venta ilegal de armas, indultos en su día criticados por el entonces presidente electo, Bill Clinton, contrario a que 'si alguien trabaja para el Estado esté por encima de la ley'.

En EE UU, un Estado en el que el derecho de gracia presidencial es ilimitado, el Congreso investiga los porqués de las decisiones de Clinton. Todo un contraste con España, donde esta prerrogativa sí está reglada, pero el Gobierno se enfrenta al Supremo para negarle el derecho a aplicarlo en términos legales y se resiste a explicar, por ejemplo, por qué ese empeño en indultar a un ex juez, Gómez de Liaño, condenado por prevaricación. ¿Se podría aspirar aquí a que el Congreso abra una investigación política al respecto? La mayoría absoluta del PP lo impediría. Sin embargo, la salud democrática lo reclama.