Los partidos catalanes aparcan sus diferencias y rubrican un pacto unitario contra el terrorismo

Ante la oleada de atentados de ETA en Cataluña el último trimestre del año pasado, hubo varios intentos de impulsar un documento antiterrorista avalado por todos los partidos catalanes, pero ninguno llegó a buen puerto. Lo máximo que se había conseguido, pese a la insistencia del presidente del Parlament, Joan Rigol, había sido firmar conjuntamente los comunicados institucionales de condena a los sucesivos atentados.

Ayer, de forma inesperada, todas las formaciones dieron el visto bueno a una moción que reclama diálogo y también, implícitamente, la colaboración entre el Gobierno central y vasco. Y ello sin ninguna condición previa, como podría ser la ruptura formal del Pacto de Lizarra exigida por el PP y el PSOE en su acuerdo nacional.

Todos los partidos expresaron su satisfacción por el acuerdo, que fue rubricado con un largo aplauso de los diputados, puestos en pie. La mayoría de formaciones mostraron su deseo de que este espíritu de consenso se traslade al resto de España y coincidieron en subrayar que puede contribuir a hacer menos tenso el debate antiterrorista en otras comunidades autónomas.

Incertidumbre

Antes de iniciar el pleno pocos contaban con que el texto saldría adelante por unanimidad. La víspera, el documento sólo tenía el apoyo de los dos grandes grupos de la Cámara -Convergència i Unió (CiU) y el Partit dels Socialistes (PSC)- y de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), la formación que impulsó la primera versión del texto. Ayer, todos cedieron algo y el debate formal de la moción incluso se retrasó varios puntos del orden del día para acabar de trabar el frágil consenso que existía a primera hora de la mañana.

El PP había manifestado sus reservas ante la moción, pero acabó sumándose al acuerdo con el beneplácito de La Moncloa, que en todo momento estuvo al tanto del arduo proceso negociador. En el último momento, los conservadores optaron por respaldar el texto para no quedar aislados en Cataluña y no romper la unidad de acción con el partido socialista contra el terrorismo.

Los socialistas habían comprometido su apoyo a la moción con independencia de la actitud del PP. El PSC acató en su día el acuerdo nacional suscrito por el PP y el PSOE, pero sin disimular su intención de explorar otras vías para favorecer el diálogo entre los dos grandes partidos nacionales y las formaciones nacionalistas de Cataluña y el País Vasco. El miércoles, no obstante, la dirección del PSOE reclamó a sus correligionarios catalanes un esfuerzo adicional para que el pacto catalán incorporara también al PP para no resquebrajar el frente contra ETA y, de hecho, fueron los socialistas los más activos en tratar de convencer a los populares.

Al final, el PP logró introducir algunos cambios para rebajar el contenido de la moción y darle un sentido más ambiguo. Por ejemplo, en lugar de 'exigir' la colaboración entre los gobiernos se optó por el verbo 'instar' y por 'potenciar la relación entre los gobiernos'.

Exigencia

El PP también exigió incorporar al texto una vaga referencia al acuerdo nacional entre el PSOE y el PP, aunque sin citarlo expresamente y sin ningún juicio elogioso. La alusión al pacto era una de las condiciones sine qua non de los populares. Al mismo tiempo, otros partidos -CiU, Iniciativa y Esquerra Republicana (ERC)- consideraban igualmente indispensable omitirlo al considerar que el acuerdo de socialistas y populares tiene un preámbulo antinacionalista.

Al final, se optó por una cita implícita, que no alude exclusivamente al pacto entre el PP y el PSOE: 'El Parlament manifiesta su reconocimiento a todos los acuerdos, esfuerzos e iniciativas políticas y sociales hechas en toda España para conseguir estos objetivos [conseguir la paz], sin perjuicio de la valoración que de cada uno de ellos pueda hacerse', reza el punto sexto de la moción aprobada.

Los independentistas de ERC, que eran reticentes a la moción por considerarla tibia, también acabaron sumándose al pacto tras ver reconocida su petición de que 'cualquier objetivo político puede propugnarse legítimamente en democracia' siempre y cuando se defienda por vías políticas.