La ley de consejos sociales rebaja la autonomía universitaria y potencia el control del Consell

El anteproyecto de Ley de Consejos Sociales presentado el miércoles -mediante el cual la Generalitat se asegura el nombramiento de 20 de sus 35 miembros a través de instituciones políticas, patronales y cámaras- rebaja sustantivamente la autonomía universitaria de los vicerrectorados en prácticamente todas las áreas, pero en especial en materia de gestión presupuestaria, planificación de centros y estudios, organización territorial de campus y convenios y proyectos de investigación. El nuevo órgano, con un funcionamiento económico y estructural independiente y similar a un consejo de administración de empresa, reduce el rectorado y la junta de gobierno a figuras presenciales sujetas al poder gestor.

La estructura del nuevo consejo incrementa el número de miembros de 15 a 35, de los cuales 11 serán nombrados íntegramente por la Generalitat, las Cortes (con mayoría simple, en este caso el PP), la Diputación y los Ayuntamientos, y los otros ocho corresponderán a las patronales, cámaras de comercio y colegios profesionales. Además del gerente, ya que está previsto que sea propuesto por el consejo. Los restantes miembros serán elegidos por la junta de gobierno, con lo que la balanza potencia claramente el peso de la Generalitat y los poderes económicos en la gestión y planificación universitaria, cuyas competencias además quedan aumentadas y blindadas por ley.

Para hacer efectivo este control, la Generalitat prevé que los nuevos consejos de cada una de las cinco universidades públicas valencianas tengan plena autonomía funcional y suficiencia económica. Así, los nuevos órganos estarán dotados de una estructura administrativa fija y estable, cuyo presidente y vocales percibirán compensación económica. El Consell de Zaplana, en la práctica, ha diseñado una estructura paralela al equipo rectoral en forma de Secretaría, 'dotada con los medios materiales y personales necesarios [administrativos]', cuyas atribuciones fijadas en el borrador de ley le permiten actuar como vicerrectorados de facto y tener, por tanto, el control financiero de la gestión del sistema público univesitario, pero también de la planificación de titulaciones, grupos y líneas de investigación y el destino final de los centros y facultades. 'El consejo social elaborará anualmente su propio presupuesto, que figurará en un programa específico dentro de los presupuestos de cada universidad y comprenderá el crédito necesario para atender las necesidades de personal y de medios materiales necesarios para el correcto funcionamiento de sus servicios'.

Entre las 'competencias de gestión universitaria', al consejo le corresponde: 'Proponer al Gobierno Valenciano la creación, transformación y supresión de facultades, escuelas técnicas superiores, escuelas universitarias e institutos universitarios; así como la implantación, modificación o supresión de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de un título oficial'. También poprondrá la adscripción de centros privados y de colegios mayores y residencias, y se reserva la autorización de la creación de fundaciones, consorcios o entidades con personalidad jurídica propia, así como las acciones de mecenazgo.

La estructura del nuevo modelo de consejo social diseñado por el gobierno de los populares apura al máximo los límites constitucionales que obligan a garantizar la autonomía universitaria, recogidos explícitamente en la Carta Magna y desarrolados en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, para ampliar las competencias 'con un reforzamiento de la posición jurídica de estos órganos' y blindar sus nuevas atribuaciones con otorgándoles 'rango de ley'. El PSPV, a través de la diputada Trinidad Amorós, denunció ayer que, de aprobarse este esquema, 'Zaplana se asegura el poder de las universidades, sin importar el rector que salga elegido'. Por ello, precisó: 'No es casual que coincida con el proceso de renovación rectoral'que vivirán cuatro de las cinco universidades desde ahora hasta febrero de 2002'.