Fomento rechaza participar en la comisión del Parlament sobre peajes

El Ministerio de Fomento ha decidido echar un cable a las pocas ganas del Gobierno catalán de activar la comisión sobre peajes y le ha comunicado por carta que entiende que no debe formar parte de ella porque el Parlament, que aprobó la creación de esta comisión, no tiene competencias al respecto. El argumento de Fomento se contradice con la actitud adoptada por este ministerio en la legislatura anterior. Entonces sí participó en otra comisión similar.

El Gobierno catalán declinó ayer comentar la negativa de Fomento a integrarse en la comisión. Los socialistas, en cambio, aseguraron que era un motivo para replantear el sentido del grupo de trabajo. El diputado Manel Nadal explicó que la comisión sólo se ha reunido una vez desde junio, y sólo para constituirse. Si a esta inoperancia se le añade que el Gobierno central no va a estar presente, 'conviene replantear el sentido de la comisión', dijo. La pasada semana fue ERC la que anunció que no tiene claro si va a continuar en la misma.

La comisión tiene que analizar la situación de 'desequilibrio territorial' de los peajes en el conjunto de España, prestando especial atención a lo que ocurre en Cataluña. Y ése fue el asunto planteado ayer en el Congreso por el diputado del PSC Germà Bel.

Los diputados debatían una propuesta del Gobierno para ampliar créditos y dotar con 14.000 millones de pesetas la partida correspondiente al seguro de cambio de las autopistas del año 1999. En su día, las concesionarias recibieron créditos en moneda extranjera para construir las autopistas. El Gobierno asumió pagar la diferencia si la peseta se devaluaba, como ha sucedido. El resultado es que el Estado ha tenido que pagar un total de 600.000 millones, que, en pesetas constantes de hoy (ajustando las cantidades con el índice de precios al consumo), representan 1,026 billones. La cantidad pagada por este concepto representa más de la inversión total acumulada de las concesionarias. A este billón hay que añadir otro billón pagado, sólo en Cataluña, por los usuarios en concepto de peaje hasta hace un año y otros cuatro billones que quedan por pagar en los años que faltan para que expire la concesión.

Germà Bel propuso rechazar la ampliación del crédito aduciendo que el tráfico garantiza el beneficio de las concesionarias. La propuesta fue derrotada por los votos del Partido Popular y Convergència i Unió.

El diputado socialista esgrimió, contra la pretensión del Gobierno, un informe del Tribunal de Cuentas que recomienda que no se tenga en cuenta el seguro de cambio en operaciones de refinanciación de deuda por parte de las concesionarias. En opinión de Germà Bel, las empresas de autopistas han renegociado sus deudas en perjuicio de las obligaciones financieras del Estado. Bel puso como ejemplo el caso de algunas concesionarias que han continuado recibiendo subvenciones por el seguro de cambio años después de haber vencido el plazo de concesión inicial.

Entre otras, citó a Aumar, cuya concesión inicial terminaba en 1999. 'No está nada claro', afirmó, 'que prórrogas a la concesión otorgadas con posterioridad a la ley de 1988 que eliminaba para el futuro el seguro de cambio generen el derecho a seguir percibiendo la subvención'.

Los movimientos contra el peaje, por su parte, reanudan hoy las protestas con una pitada en la barrera de Mollet.