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Bin Laden dijo a sus hombres que matar a civiles no era 'pecado'

Enric González

El millonario saudí Osama bin Laden ordenó en 1993 a sus seguidores que acabaran con la 'serpiente americana' y que no se preocuparan por las víctimas civiles que se produjeran en sus ataques, según uno de los testigos aportados por la acusación en el juicio que se celebra en Nueva York por los atentados en 1998 contra dos embajadas de Estados Unidos en África. Las bombas colocadas en las embajadas de Tanzania y Kenia causaron la muerte de 224 personas, entre ellas 12 estadounidenses, e hirieron a varios miles.

Jamal Ahmed al-Fadl, un sudanés de 38 años, ha gozado de la protección del FBI durante los últimos cinco años para que pudiera declarar en el juicio iniciado esta semana. Al-Fadl fue uno de los primeros miembros de Al Qaeda (La Base), la organización creada por Bin Laden durante la lucha contra los invasores soviéticos en Afganistán, en los años ochenta. Bin Laden se convirtió en un líder para los voluntarios de países musulmanes que combatieron en Afganistán, y cuando comenzó la guerra del Golfo los primeros núcleos de Al Qaeda estaban ya en funcionamiento con el objetivo de 'oponerse con violencia a los gobiernos antiislámicos', según la declaración de Al-Fadl.

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Durante la guerra del Golfo, Bin Laden proclamó que había que 'expulsar a los americanos de los lugares santos' de Arabia Saudí. La intervención estadounidense en Somalia, en 1993, fue un nuevo hito en el crecimiento de Al Qaeda. El testigo dijo que Bin Laden había afirmado en una reunión que si EE UU 'triunfara en Somalia, pronto estarían en Sudán y acabarían controlando todos los países' y ordenó ataques contra la 'serpiente americana'. Uno de sus lugartenientes, Mamduh Mahmud Salim, informó a los militantes de que no era pecado causar la muerte a civiles inocentes durante los ataques, porque, 'si son buenos, irán al Paraíso'.

Bin Laden, el principal acusado, permanece actualmente en Afganistán, protegido por el regimen talibán. Washington ofrece una recompensa de cinco millones de dólares a quien facilite su detención.

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