El Gobierno aplaza la ley del Cesid hasta el relevo de Calderón

Trillo-Figueroa confirmó ayer el enésimo aplazamiento de la Ley del Servicio de Inteligencia, la eterna asignatura pendiente del PP, que su antecesor en el cargo, Eduardo Serra, ya tuvo que renunciar a sacar adelante en la anterior legislatura.

El previsto retiro de Calderón en mayo próximo parecía la oportunidad de oro para hacer coincidir el relevo con la aprobación del nuevo marco legal. Para ello era necesario que el anteproyecto de ley, del que se han hecho varios borradores, se remitiera al Congreso al inicio de este periodo de sesiones. Sin embargo, el anuncio de que los contactos con las restantes fuerzas políticas se iniciarán en mayo significa que, en el mejor de los casos, la ley no entrará en las Cortes hasta pasado el verano.

Para esa fecha ya habrá un nuevo director del Cesid, que por primera vez en la historia será un civil, y algo tendrá que opinar el elegido en relación a un texto legal que pretende regular todo un sistema de controles -administrativos, parlamentarios y judiciales- sobre las actividades del servicio secreto que vaya a dirigir.

Lo que está claro a estas alturas es que Javier Calderón, que mañana cumple 70 años, agotará el plazo máximo legal de permanencia en el cargo, sin prórroga posible, y que su sucesor será un civil. Aunque fuentes gubernamentales admiten a estas alturas que es irrelevante que el jefe del principal servicio secreto español sea civil o militar, la promesa ha sido tan reiterada públicamente que ya no admite marcha atrás. También está claro que el Cesid dependerá de La Moncloa, aunque falta por definir cómo se articulará esta dependencia.

A Calderón se le reconoce como mérito haber mantenido al Cesid al margen de la lucha partidista en la que se vio envuelto durante la última legislatura socialista, lo que también debe agradecer a la actitud mantenida por el PSOE cuando ha estado en la oposición.

Sin embargo, sus últimos meses al frente del centro no van a resultar fáciles. El 20 aniversario del 23-F ha servido de pretexto para algunos libros, inspirados en parte por varios de los agentes a los que expulsó cuando se hizo cargo del servicio secreto en 1996, que le implican directamente en la intentona golpista, aduciendo que era secretario general del Cesid en febrero de 1981.

Además, algunos de los escándalos que sacudieron al centro de inteligencia siguen coleando en los tribunales. El próximo día 27 se verá en el Tribunal Supremo el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó al ex director general del Cesid Emilio Alonso Manglano, al ex jefe de su Agrupación Operativa, Juan Alberto Perote, y a varios agentes por el caso de las escuchas.

Más reciente es el caso del espionaje a la sede de HB en Vitoria, descubierto en marzo 1998. El juzgado de Vitoria que instruye la causa se dirigió recientemente al Congreso para reclamar el acta de la comparecencia que el entonces ministro Eduardo Serra protagonizó en la Comisión de Defensa el 21 de abril de 1998. Serra admitió entonces que existía en Vitoria una 'infrestructura técnica del Cesid' y que su actuación podía tener 'apariencia de ilegalidad', pero defendió que 'el complejo de apoyo a ETA' fuera uno de los 'objetivos informativos prioritarios' del servicio secreto.

Fuentes parlamentarias explicaron ayer que la Mesa del Congreso acordó en su reunión de la semana pasada, sin necesidad de debate, devolver el escrito al juzgado de Vitoria y no entregarle el acta solicitada, ya que no se había seguido el procedimiento institucional de relación entre los jueces y el Parlamento: dirigirse al mismo a través del Tribunal Supremo. Las mismas fuentes indicaron que, si el juez sigue el procedimiento adecuado, probablemente se le entregará el diario de sesiones de aquella comisión, pues no fue secreta, pero expresaron dudas sobre el valor que pueda tener como prueba en un proceso penal.

Fue precisamente el caso del espionaje a HB -en el que declaró como imputado el propio Calderón- el que llevó al Gobierno a plantearse la necesidad de establecer un mecanismo de control judicial sobre las intervenciones telefónicas y entradas en domicilio de los agentes del Cesid, que tendrían así cobertura legal para sus actuaciones. El primer anuncio de la nueva ley, que ahora se vuelve a demorar, lo hizo Serra en su citada comparecencia del 21 de abril, hace ya casi tres años.