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IU recurre a los tribunales para parar el proyecto de Zabalgarbi

El proyecto de la incineradora de basuras Zabalgarbi, cuyas obras se iniciarán en los próximos meses, ya ha entrado en la vía judicial. IU-EB presentó formalmente el pasado viernes un recurso judicial -que había anunciado hace año y medio- ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la tramitación urbanística realizada por la Diputación vizcaína al entender que es ilegal y por la existencia de 'riesgos para la salud pública'.

La concejal de IU en Bilbao, Julia Madrazo, explicó ayer que su grupo ha pedido la suspensión cautelar del permiso de la Diputación con el fin de cancelar la licencia de actividad concedida en noviembre por el consistorio bilbaíno, municipio en que está prevista la instalación. Madrazo dijo que el objetivo final es que Zabalgarbi quede 'sin fundamento ni soporte legal para entrar en funcionamiento'.

IU sostiene que el Plan Especial -el documento urbanístico que detalla las obras proyectadas para el área del vertedero municipal de Artigas- aprobado hace año y medio por la Diputación no era de su competencia, 'ya que la energía es competencia del Gobierno vasco y la valorización o aprovechamiento energético de residuos corresponde al Ayuntamiento de Bilbao. Este dato es corroborado en un informe de los servicios jurídicos de Presidencia de la Diputación'.

Junto a ello, asegura que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao no prevé una instalación de este tipo. 'El suelo del monte Arraiz es no urbanizable de uso predominantemente agrícola y forestal. La incineradora, en su vertiente de planta de producción de energía, es una actividad prohibida por el Plan General. Aunque los terrenos de Arraiz aparecen como suelo no urbanizable, la empresa Zabalgarbi presenta un proyecto para urbanizar esa zona'.

El tercer argumento es que el plan especial foral se aprobó sin 'un informe favorable del Departamento de Sanidad'. IU se refiere a que el Ejecutivo autónomo ha admitido la posibilidad de superar los niveles permitidos de emisiones contaminantes y al informe municipal sobre la necesidad de realizar un estudio epidemiológico para comprobar la incidencia de la planta.

Impuesto indirecto

Por otro lado, el PNV anunció ayer que ya ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para establecer un nuevo impuesto indirecto sobre el vertido de basuras, que vendría a sumarse al existente actualmente por la recogida de residuos domésticos. Esta ecotasa fue anunciada hace más de dos años por la Diputación vizcaína para poder cumplir las directivas comunitarias y supondría unas 1.181 pesetas al año por vizcaíno. La diputada foral de Medio Ambiente, María Esther Solabarrieta, acusó al Gobierno central de no haber hecho 'nada' para la trasposición de la directiva europea sobre el vertido de residuos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de febrero de 2001