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El PP rechaza las iniciativas de la izquierda para cumplir la sentencia de los funcionarios

El PP tampoco se comprometió, como le pidieron CiU y PNV, a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia si finalmente el Supremo no les da la razón.

El diputado del PP Jesús López-Medel argumentó que 'habría sido una grave irresponsabilidad' no recurrir una sentencia 'que no es unánime, pues tiene un importante voto particular'. López-Medel dijo que los grupos que pedían abonar ya a los funcionarios 'confundían la virtud de la rapidez con el defecto de la prisa'. Según este diputado, la congelación era imprescindible por la 'lamentable' situación económica' en que el PSOE dejó España. Añadió que la sociedad española aceptó la congelación y que ello quedó claro en 'la escasa respuesta' de las movilizaciones convocadas entonces por los sindicatos y en el resultado de las elecciones de marzo de 2000, que el PP ganó por mayoría absoluta. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, siguió la discusión desde su escaño.

Los intentos de CiU de convencer al Gobierno para que se comprometiera a ejecutar la sentencia si los recursos fracasan no llegaron a ninguna parte. El PP rechazó una enmienda transaccional en este sentido de los nacionalistas catalanes porque fue apoyada también por el PNV. La enmienda aunaba el respeto a la sentencia, la necesidad de esperar a que se resuelvan los recursos y, en última instancia, si éstos fueran rechazados 'adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia'.

El portavoz socialista en Administraciones Públicas, Ángel Martínez Sanjuán, recordó los argumentos del Gobierno del PP en 1996 para no subir el sueldo a los funcionarios: culpar a los Gobiernos socialistas. Ahora, además, después de la sentencia de la Audiencia, tratan de enfrentar 'a los ciudadanos contra los funcionarios'. El portavoz socialista demandó una y otra vez al Gobierno que dialogue y negocie con los representantes de los funcionarios. El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, utilizó argumentos parecidos en su petición al Ejecutivo para que cumpla la sentencia.

El Grupo Mixto presentó tres iniciativas en el mismo sentido: el diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Saura reclamó al Ejecutivo que, además de 'ejecutar la sentencia', 'retire las impugnaciones' presentadas contra los ayuntamientos que incumplieron la congelación salarial. El diputado de Esquerra Republicana Joan Puigcercós exigió el pronto pago y la negociación. Y los argumentos del BNG subrayaron que, además de pagar, 'se depuren las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el entonces ministro de Administraciones Públicas y actual vicepresidente, Mariano Rajoy, al incumplir la ley 7/90 que le obligaba a negociar con los sindicatos.

La votación de las seis proposiciones no de ley dejó patente la determinación del PP de defender sólo con sus votos sus argumentos. Ni Coalición Canaria, que suele respaldar siempre al Ejecutivo, se sumó esta vez al PP.

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Por la mañana, representantes de Comisiones Obreras se reunieron en el Congreso con el Grupo Parlamentario Socialista para trasladarle el plan de movilizaciones que los sindicatos van a poner en marcha contra el Gobierno por no querer cumplir con la sentencia. El diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán les dijo que el PSOE 'está con los sindicatos para defender esta causa justa'.

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