El STEPV recurre por la vía judicial la oposición para inspectores de Educación

El sindicato STEPV ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia la orden del 20 de noviembre de 2000, que regula las bases de la convocatoria de oposición de 55 plazas para acceder al cuerpo de inspectores de Educación de la Comunidad Valenciana, entre otras razones, por considerar que 'está hecha a medida para colocar a los inspectores habilitados a dedo por el PP'. El recurso cuestiona el nombramiento íntegro de los cinco miembros del tribunal por parte de la Administración. Un gesto político sin precedentes jurídicos en las convocatorias públicas de enseñanza, que se consumó el 25 de enero con la designación del director de los Servicios Territoriales de Educación en Castellón, Francisco Baila, los vocales y los suplentes.

El recurso se produce apenas dos semanas después de la publicación oficial en el DOGV de la lista de aspirantes admitidos por la Consejería de Educación: un total de 147 personas, entre las que figuran más de medio centenar de inspectores 'coyunturales' nombrados 'a dedo' en los últimos cinco años -excepto ocho jefes de servicio- todos ellos vinculados en su mayoría a familiares, amigos y cargos del PP, varios de los cuales militan incluso en el partido. El STEPV denuncia textualmente que 'la orden de la convocatoria favorece a las personas que han estado nombradas como inspectores eventuales, en comisión de servicio', puesto que, según precisa, se puntuarán también estos años de comisión de servicio, otorgando una notable 'ventaja' a los 'colocados'.

Con esta fórmula, señala, 'el resto de aspirantes, la práctica totalidad de los funcionarios docentes que cumplen los requisitos, no han tenido la posiblidad de ejercer como inspectores eventuales por haber impedido la Administración su acceso a dichos puestos de trabajo'. Así, en la lista de admitidos se encuentran 53 de los 61 miembros vinculados en la práctica totalidad a amigos, familiares y cargos del PP (ver EL PAÍS 27/11/00), como por ejemplo el hermano de la presidenta de las Cortes, Marcela Miró; la sobrina del director general de Ordenación Josep Vicent Felip; el cuñado del ex jefe de los Servicios Territoriales, Pablo Crespo, y varios militantes significados del PP.

El STEPV, en sintonía con las otras dos denuncias de CC OO y UGT que también han recurrido la citada orden, denuncia el hecho de que la Consejería de Educación no haya establecido el requisito lingüístico para acceder al cuerpo de inspectores 'cuando el conocimiento de las dos lenguas oficiales del País Valenciano es inherente a las tareas propias de la inspección educativa'. También cuestiona el baremo final de méritos que 'puntúa cursos a los que sólo han tenido acceso algunas personas' de las habilitadas 'a dedo' por el PP para realizar coyunturalmente las tareas de inspección.