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Azpiegitura, pendientes del fiscal

Todas las partes defenderán a partir de mañana sus informes en el caso de la estafa a la Diputación

La repetición del juicio por el caso Azpiegitura, la supuesta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación de Vizcaya en la cimentación de un edificio público en 1991, ha entrado en su recta final. Y, al margen de la sentencia que pueda poner en negro sobre blanco la juez de la Audiencia bilbaína Nekane Sanmiguel, ponente de la nueva resolución judicial, sólo queda ya por resolver una incognita: ¿Cambiará de nuevo y a última hora de opinión la fiscalía en este caso?

Hay que recordar que en el anterior proceso, el ministerio público revolucionó el caso al presentar su informe final, una vez oidos los peritos y testigos del caso. La representación fiscal, entonces dirigida por la actual fiscal jefe, María Angeles Monte, cargó contra los responsables forales -entre ellos José Luis Bilbao- instigadores del proceso, criticó la actuación de la juez instructora del caso, Olatz Aizpurua, y subrayó la ausencia casi total de razones para iniciar esta causa por la vía penal. Al elevar a definitivas las peticiones, retiró la acusación por estafa para todos los encausados, entonces 12 personas, y únicamente mantuvo los cargos por estafa y falsedad documental contra el constructor vinculado al PNV, Iñaki Ereño, pidiendo cuatro años y ocho meses de prisión y el pago de 381 millones de pesetas a la Diputación vizcaína.

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La fiscalía, sin embargo, sorprendió a tirios y troyanos en la apertura del nuevo juicio al incrementar las penas contra Ereño, y al recuperar las peticiones contra el arquitecto y ex militante socialista, Alberto López. En sus conclusiones provisionales, la fiscalía solicita para Ereño seis años de prisión y otros tantos para López. Se da la circunstancia de que los representantes del ministerio público, que no hicieron públicas sus peticiones hasta la primera sesión de la nueva vista oral, han terminado por pedir penas más elevadas que la propia acusación particular, algo realmente inusual en este tipo de procesos.

En cualquier caso, la representación de la acusación particular, el letrado Enrique Olaran, también esperó hasta última hora para retirar la acusación a cinco de los nueve supuestos implicados en la estafa. Aunque argumentó estos cambios en que la modificación del Código Penal ya no recogía como delito la falsedad, no explicó sin embargo por qué se retiraron también las peticiones por estafa al catedrático de la Universidad de Cantabria Jesús Sáiz de Omeñaca -que pasó varias semanas en la cárcel en el periodo de instrucción y fue suspendido de empleo y sueldo en la universidad durante tres años- y al profesor de la Escuela de Ingenieros Roberto Idiondo. Las dos personas que habían dado 'verosimilitud' a la presunta estafa.

La repetición del juicio no ha venido acompañada de la correspondiente explicación de todas estas aparentes contradicciones, algo que ha enervado a Ángel Gaminde, letrado defensor del constructor Ereño. Gaminde, con todo, cree que en la repetición del caso ha quedado claro que esta causa nunca se debía haber llevado por la vía penal. 'Un pleito civil y punto', clama Gaminde. Aún confía en que la fiscalía retire todas las acusaciones y 'deje sólo el tema de falsedad'.

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El principal impulsor de la causa, José Luis Bilbao, indicó a este periódico que en esta ocasión 'hemos decidido dejar los fuegos artificiales a un lado y centrarnos propiamente en la estafa'. Cuando se refiere de manera críptica a los fuegos artificiales, Bilbao apunta al transfondo político que acompañó a este caso durante la instrucción y que obligó a algunos de los procesados como el diputado foral y ex presidente de Azpiegitura, el socialista Juan Llorens, a presentar su dimisión, o puso en la picota al entonces gobernador civil de Vizcaya, el también socialista Daniel Arranz. Queda claro que la situación política era completamente diferente. Los socialistas, cuando en 1994 explota la supuesta trama política de la estafa, arrastraban ya el descrédito por el caso de enchufismo en Osakidetza, y el equipo del PNV que gobernaba la diputación vizcaína aprovechó para agrandar la herida con este caso.

El caso y la prensa

Las circunstancias que rodearon el proceso anterior, en 1996, y éste han cambiado completamente. También su repercusión en los medios. Los 'juicios paralelos' que, según algunos de los letrados que han visto como de la noche a la mañana sus clientes han dejado de estar inculpados, hicieron algunos periódicos han dado paso a un silencio casi sepulcral o un seguimiento más que descrito de una de las mayores supuestas estafas en la construcción pública de la provincia. Fue precisamente la alarma social y la naturaleza del delito la que llevó a prisión a algunos de los encausados como López, Ereño u Omeñaca. Alarma que sin la colaboración de algunos medios de referencia en Vizcaya hubiera sido impensable. Félix Rojo, abogado defensor del antes encausado y ex subdirector de Azpiegitura, Javier Martínez, ya censuró en su despedida del caso el 'juicio paralelo en los medios' que tuvieron que sufrir determinadas personas.

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