Estado de emergencia en Ecuador contra las protestas indígenas

Con el decreto han quedado suspendidos, además, la libertad de reunión y de movimiento y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. La decisión de Noboa fue tomada después de un breve intento de diálogo con los dirigentes de las poderosas organizaciones indígenas de Ecuador, que han anunciado un nuevo 'levantamiento'.

Encabeza la protesta Antonio Vargas, el indígena que promovió el movimiento social y militar que derrocó al ex presidente Jamil Mahuad, el 21 de enero del año pasado. Esta vez exigen que el Gobierno dé marcha atrás a las últimas medidas económicas, que duplicaron el precio del gas de uso doméstico y aumentaron hasta en un 75% las tarifas del transporte público, haciendo aún más difíciles las condiciones de vida del 65% de la población de Ecuador, que es pobre de solemnidad.

El martes pasado, el Gobierno ordenó la prisión de Vargas y de otros tres dirigentes de las organizaciones sociales. Dispuso, además, un cerco alrededor de la Universidad Salesiana de Quito, que se ha convertido en una especie de cuartel general de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) . 'Éste parece un castillo medieval en tiempos de guerra', dijo la periodista italiana Giovanna Tassi, que vive en la Amazonia ecuatoriana y que se desplazó también a Quito. 'Hay un asedio. Quieren derrotar a los indígenas por cansancio. No permiten el paso de alimentos ni de agua. Aquí hay niños, y algunos están enfermos', comenta.

Durante toda la semana, ante los intentos de los indígenas de organizar una marcha, la policía respondió con gases lacrimógenos. Una mesa de negociaciones entre el Gobierno y los indígenas se entabló el viernes pasado. Actuó como mediador Auki Tituaña, el alcalde indio de Cotacachi, una pequeña localidad al norte de la capital. Pero el diálogo fracasó. Antes de discutir una amplia agenda de demandas, el movimiento indígena ha puesto dos condiciones, inaceptables para el régimen. 'El Gobierno no acepta una marcha indígena sobre Quito, ni recibir a una delegación de 100 dirigentes en el Palacio de Gobierno', asegura Tituaña. Vargas, en libertad desde el jueves pasado, gracias a un recurso de hábeas corpus, anunció la noche del martes la ruptura del diálogo. El Gobierno respondió con el decreto del estado de emergencia.

El régimen teme que la marcha indígena que se proponen los indios pueda írsele de las manos y que se repitan las escenas de enero de 2000, cuando miles de indígenas entraron en el Congreso Nacional y un grupo de coroneles consiguió la salida del ex presidente Jamil Mahuad. 'No somos inocentes para permitir una marcha indígena', dijo Marcelo Santos, secretario general de la Administración y representante del Gobierno en las negociaciones. El Gobierno asegura que el alto mando militar se encuentra esta vez cumpliendo las órdenes del poder civil.

Tras el fracaso de las negociaciones, 50 indígenas han iniciado una huelga de hambre, a la que se irán sumando, según se ha anunciado, 50 más cada día. Vargas ha vaticinado que el levantamiento indio, que significa el bloqueo de carreteras y la toma de iglesias y e instituciones públicas se extenderá.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa el ofrecimiento de que no habrá nuevas alzas de precios para el próximo año y una política de austeridad fiscal para controlar la inflación, que el año pasado fue del 91%, la más alta de la región. Entre las demandas indígenas está también que el Gobierno posponga la decisión, en marcha desde hace un año, de adoptar el dólar como moneda nacional.