Destituido un dirigente municipal por la adjudicación de cursos para desempleados

María Antonia Suárez, concejal del PP que preside el Imefe, ha tardado una semana en replicar a todas las acusaciones de la oposición. Ayer lo hizo entregando el cese de uno de sus subordinados en este organismo: José Luis Solana. Explicó Suárez que lo destituía porque tenía una relación de amistad con Rafael Oriol Rodríguez, militante del PP y socio del grupo empresarial que supuestamente ha simulado cursos a presos nunca impartidos para cobrar subvenciones. Este grupo lo integran las empresas Iformar, autora de la supuesta simulación, Incof, Defoco y Prevecón. El alto cargo del Imefe despedido era responsable del servicio de formación del Imefe entre 1996 y 1999. En ese periodo, empresas participadas por afiliados al PP lograron el 25% de la facturación (unos 1.500 millones de pesetas). La causa por la que ahora se destituye a Solana no era un secreto. Hace una semana, el gerente del Imefe confirmó a este diario que conocía la relación de amistad existente entre Solana y Oriol, hasta el punto de que habían sufrido un accidente de automóvil el pasado verano que le costó la vida al segundo y graves heridas al primero. Pero el gerente no le dio importancia y recordó que conocía 'personalmente' a Oriol de su etapa en las Nuevas Generaciones del PP.

El PSOE ha pedido que comparezca en el Congreso el director de Prisiones, Ángel Yuste, por el supuesto fraude en los cursos. Isabel Vilallonga, edil socialista que ha denunciado el caso Imefe, será la presidenta de la comisión que investigará este caso en el Ayuntamiento de Madrid.

La UE pide cuentas

Por otro lado, la Comisión Europea ha pedido a la unidad administradora del Fondo Social Europeo (FSE) en España, mediante un escrito, que lleve a cabo 'las actuaciones necesarias para aclarar' la gestión de los fondos adjudicados al Instituto Municipal de Empleo de Madrid para cursos en prisiones. Bruselas no descarta que puedan haberse producido actuaciones irregulares similares a la del caso Pallerols (uso indebido de 1.000 millones en cursos adjudicados a academias vinculadas con dirigentes de Unió) y podría llegar a bloquear las ayudas de las que se beneficia Madrid a través del FSE si se confirma la estafa. La Comisión Europea no duda en advertir en la carta enviada el martes a las autoridades responsables de la gestión y el control del FSE en España de que el problema detectado en Madrid 'pueden tener un impacto importante a nivel social por su similitud con el caso Pallerols'. 'Con el fin de que los servicios de la Comisión puedan disponer de informaciones fiables en el plazo más breve posible, le ruego que lleve a cabo las actuaciones necesarias para aclarar este asunto', afirma la carta, que también fue enviada al Organismo de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF). Las autoridades españolas tienen ahora cuatro semanas para responder a la petición de información.