La Guardia Civil denunció la existencia de 81 vertederos ilegales el año pasado

31 ene 2001 - 00:00CET

El mapa de la región está salpicado de puntos negros; cada uno de ellos corresponde a un vertido de escombros clandestino. No se libran ni las localidades situadas en pleno corazón de la sierra madrileña, como Rascafría, El Escorial, Robledo de Chavela, u otras de la periferia de Madrid, como Alcorcón, Las Rozas o Alcalá.

Los municipios que acumulan las denuncias del Seprona son Majadahonda (13 denuncias), al oeste de la región; Madrid (10), la capital, y Arganda del Rey (6), al sureste de Madrid. Estos tres municipios contabilizan el 36% de las denuncias. Los vertidos clandestinos de Majadahonda recogen los desechos de las obras de construcción de los cientos de nuevos pisos construidos tanto en ese municipio (de 42.000 habitantes) como en el vecino de Boadilla (20.000 habitantes).

Seprona

Los agentes del Seprona levantan acta por el abandono de vertidos o la eliminación incontrolada de residuos no peligrosos en lugares no autorizados, según explicó ayer un portavoz de la Guardia Civil. 'Ninguna de las 81 denuncias interpuestas han causado daño o deterioro grave al medio ambiente, ni han puesto en peligro la salud de las personas', explica un portavoz de la Guardia Civil.

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La Agrupación de Transportistas de Contenedores de Escombros de Madrid (Atrascom) mantiene que la carencia de vertederos autorizados obliga a los transportistas a vaciar los camiones en lugares no reconocidos para esta tarea. Atrascom afirma que la región produce 20.000 toneladas de cascotes cada día y no hay dónde tirarlos. Tras el cierre, la semana pasada, del vertedero de la Cruz Verde, en San Lorenzo de El Escorial, en la región sólo queda uno abierto, el de Las Cumbres, en el municipio de Madrid, para echar escombros.

Los transportistas afirman que la Comunidad necesita, al menos, 13 escombreras nuevas para cubrir sus necesidades urbanísticas. Sólo tres municipios (Aranjuez, Villanueva de la Cañada y Fuenlabrada) se han ofrecido para construir estas instalaciones.

La Consejería de Medio Ambiente, del Gobierno regional, tiene la obligación de resolver las denuncias del Seprona por los vertidos ilegales.

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