Expedientes sin un final conocido
La Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales elaboró durante años informes que sirvieron de munición contra una serie de empresarios a una red de extorsión en la que también se vinculó, según fuentes relacionadas con el caso, a José María Ruiz-Mateos y al ex banquero Mario Conde.
La denuncia de uno de los empresarios que recibieron extorsiones, Juan Abelló, en los juzgados de Madrid de que le habían pedido 20 millones a cambio de no divulgar un informe fiscal sobre él fue el principio del final. La red comenzó a desmadejarse, la Unidad acabó disuelta y siete miembros de ella, expedientados.
A Mariano Navarro-Rubio Serres, el hijo del ex ministro de Franco (de Hacienda, precisamente), se le suspendieron sus funciones en la Agencia Tributaria. Otros dos de los inspectores expedientados (Sánchez Cortés y Sánchez Diezma) incurrían, según las investigaciones, en 'incompatibilidades manifiestas' al centrar sus inspecciones exclusivamente en personas de relieve o al mantener negocios relacionados con actividades en las que realizaba funciones de inspección.
La limpieza de la Agencia Tributaria coincidió con el escándalo que estalló en Barcelona con los también empleados de Hacienda José María Huguet y Ernesto de Aguiar por presuntas corrupciones. Huguet y Aguiar reconocieron que tenían cuentas en Suiza con dinero no declarado al fisco. Las ramificaciones del caso Huguet-Aguiar llevó recientemente a la detención del que fue jefe de la Unidad de Inspección Provincial de Barcelona Álvaro Pernas, que había sido denunciado por tres presuntos intentos de cohecho.
