'Nadie pensaba que le ganaría al Gobierno'

Carmen Perona Mata (Santander, 1965) tiene el susto metido en el cuerpo desde que un funcionario de la Audiencia Nacional le comunicó el pasado martes que fuese personalmente a recoger una sentencia. El inusual mensaje le puso en la pista de la trascendencia del fallo que ha anulado la congelación salarial impuesta por el Gobierno del PP en 1997 a los empleados públicos. Es el desenlace de un recurso que empezó a tramitar con apenas 31 años de edad y una experiencia de ocho años como abogada de la federación de enseñanza de CC OO, con un aprendizaje inicial en el despacho de Nicolás Sartorius. Sigue en el mismo cometido, con un sueldo mensual de 270.000 pesetas, muy inferior a los ingresos de otros expertos en derecho administrativo.

Pregunta. ¿Qué hará si le intenta fichar un gran bufete?

Respuesta. No aceptaría. Estoy en CCOO desde los 16 años, desde que militaba en las juventudes de Cantabria, y sigo aquí muy a gusto, pudiendo dedicar tiempo suficiente a mi hijo Álvaro.

P. ¿Éste es el caso más importante al que se ha enfrentado?

R. Sí, aunque hubo otro que también lo fue. Me propusieron un caso de igualdad entre parejas de hecho y matrimonios. Se trataba de un funcionario del exterior que reclamaba el reconocimiento para su pareja del pago de viajes, derecho entonces previsto sólo para el cónyuge. Lo intenté, porque soy un poco atrevida, y fue el primer caso de este tipo que se ganó.

P. ¿Cuándo vio que había una base sólida para recurrir la congelación salarial?

R. El primer paso lo dan CC OO y UGT con la queja ante la Organización Internacional del Trabajo. Cuando la OIT da su respuesta, afirmando que los acuerdos de negociación colectiva tienen que cumplirse, nos empezamos a animar. También vimos legislación europea, como la italiana, donde no se modifican ni por ley de presupuestos generales lo que en negociación colectiva se pacta. De ahí surge la argumentación para defender que los acuerdos sean vinculantes y que no se puedan cambiar por actos del Gobierno.

P. ¿Cómo reaccionó el Gobierno cuando presentaron el recurso?

R. No se lo tomaron muy en serio. En las mesas decían: habéis recurrido esto, sin darle importancia. De hecho, la contestación del abogado del Estado se hace como un procedimiento ordinario. Nadie se pensaba que íbamos a seguir hasta el final y que el final fuera éste, que ganaríamos al Gobierno.

P. ¿El proceso en la Audiencia se lo tomaron como un mero trámite?

R. Sí, el Gobierno en estos cuatro años lo ha tomado como un procedimiento más de personal totalmente ordinario.

P. ¿Cómo una humilde abogada ha logrado derrotar a toda la maquinaria de la Administración y, como consecuencia, a un Gobierno?

R. Trabajando, buscando buenas argumentaciones y, sobre todo, con un Estado de Derecho que funciona.

P. ¿Le ha sorprendido el fallo?

R. Tenía esperanzas desde que vi la recomendación de la OIT al Gobierno para que cumpliese los acuerdos.

P. ¿Le preocupa el recurso de casación que ha anunciado el Gobierno?

R. Lo que me preocupa es que sus intentos pretenden no ejecutar la sentencia. Estoy tranquila respecto al recurso de casación, porque tengo una experiencia en Euskadi sobre equiparación salarial que fue un caso similar. El PNV lo recurrió y el Tribunal Supremo fijó en sentencia la inadmisibilidad, porque era materia de personal.

P. En ese caso el PP instó al PNV a ejecutar la sentencia.

R. Sí, y además hizo unas manifestaciones acusando al PNV de mala fe y afirmando que las sentencias son de obligado cumplimiento para todos. El PP decía una cosa cuando estaba en la oposición y otra ahora en el Gobierno.

P. ¿Qué proceso se abre ahora con el recurso de casación?

R. Si ponen el recurso, hasta que el Supremo no diga si lo admite o no, la sentencia no es firme. Si el Supremo lo admite, volvemos a un proceso que puede durar dos años.

P. En esas hipótesis, ¿cuándo prevé que los empleados públicos podrán cobrar los atrasos?

R. Si el Supremo no admite el recurso, el Gobierno tiene dos meses para ejecutarlo y en total pasarían unos tres o cuatro meses. Si vamos a otro contencioso, no puedo decir qué tiempo puede pasar.

P. ¿Le cabe alguna duda de que van a acabar cobrando?

R. El Gobierno no puede hacer trampas legales con los funcionarios, con un dinero que es suyo y que van a cobrar por la vía judicial o por las presiones sociales. Intenta alargar el proceso para no pagar, y al final pagará. Si no lo hace ahora, CC OO y UGT van a promover movilizaciones de todos los funcionarios, porque el Gobierno utiliza la justicia para no pagar lo que corresponde a los funcionarios y, sobre todo, lo que corresponde a los acuerdos de negociación colectiva.

P. ¿El fallo afecta también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos?

R. Directamente afecta a aquellos que firmaron el acuerdo, que es la Administración General del Estado y organismos autónomos. Respecto a las comunidades autónomas, afecta a aquellas en las que se firmaron pactos idénticos a éste, o en otras que no hubo acuerdo porque iban a aplicar el nuestro. Además en sueldo base y en trienios, sí que afecta a los empleados de todas las administraciones.

P. ¿En el resto de conceptos salariales es más discutible?

R. En los otros, creo que es más discutible y depende de la voluntad política de las comunidades.