El alcalde lleva al fiscal un supuesto caso de corrupción en Tarifa de 1990

El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, un tránsfuga de IU que gobierna con a los independientes del TAIP y el PP, presentó ayer una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con una operación urbanística en Atlanterra, en 1990. Gil, que no acusa a nadie en su escrito, pide al fiscal que investigue el asunto, convencido de que 'se ha producido una estafa al pueblo de Tarifa, que en vez de recuperar las plusvalías que generan las operaciones de suelo, se ha quedado compuesto y sin novia, sin dinero y sin infraestructuras'.

La denuncia arranca con la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de la Junta de Andalucía de julio de 1990, que aprobó la recalificación, de urbanizable programado a urbano, del suelo de varias parcelas de la empresa Atlanterra A.G. -en la que se han construido o están en construcción unas 1.500 viviendas-, que era propiedad de dos socios alemanes. La CPU aprobó esa modificación 14 meses después de haberla denegado y pese a que un informe de Obras Públicas lo desaconsejaba. La recalificación del suelo permitía construir libremente y más cerca de la costa.

Entre una y otra reunión de la CPU, el empresario Antonio Blázquez, propietario de Montenmedio, firmó un convenio con los alemanes en el que se comprometía a 'la realización ante los organismos públicos competentes de todas aquellas gestiones que sean necesarias' para permitir que los promotores obtuvieran el uso deseado. Previamente, los alemanes había acordado con el Ayuntamiento de Tarifa este uso, pero fue rechazado por la CPU.

Pago de 34 millones

Los empresarios alemanes se comprometieron a pagar a Blázquez unos 34 millones de pesetas por la gestión así como un porcentaje de suelo. Tras la muerte del principal inversor, Blázquez dejó de percibir el dinero acordado por lo que el pasado año demandó a los herederos en un juzgado de Algeciras por incumplimiento de contrato.

El equipo de gobierno tarifeño, el PP y Agaden consideran que la mediación de Blázquez, un empresario que vinculan al PSOE, fue la que consiguió el cambio, que califican de 'pelotazo'.

Blázquez explicó que se limitó a organizar un equipo de urbanistas y abogados 'que desbloquearon la situación' con una propuesta para disminuir la volumetría de 1,6 por metro cuadrado a 1,05. Dice también que dibujó 'un cinturón verde' en torno a la costa para salvar los obstáculos administrativos. 'No he hecho nada ilegal, es una actuación normal como la hace cualquier promotora', dijo Blázquez, quien recuerda que el suelo tenía, en realidad, naturaleza urbana desde que en 1979 se incluyó en el Centro de Interés Turístico Nacional, aunque el PGOU no lo reconocía así. La Junta asegura que el CPU dio luz verde la segunda vez por los cambios introducidos por el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE.