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El pleno del Ayuntamiento de Bilbao aprueba dedicar 86 millones a contratar escoltas privados

Naiara Galarraga Gortázar

Aunque la mayoría de los partidos se declaraba partidario de debatir sobre seguridad sólo en comisión o en contactos directos, lo cierto es que la discusión se produjo en el pleno, público, cuando la partida presupuestaria fue presentada para ser votada.

El debate sobre la incorporación de escoltas privados para proteger a miembros de la corporación estuvo salpicado de continuas referencias a la escasez de agentes de la Policía Local de Bilbao. El concejal de Seguridad Ciuadadana, Juan José Olabarria, argumentó que los 26 agentes que ahora ejercen de guardaespaldas de ediles son necesarios para patrullar en la calle por motivos como el envejecimiento de la plantilla o la aplicación de las 35 horas en este cuerpo.

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El portavoz del PSE, Dimas Sañudo, rechazó frontalemente los argumentos de Olabarria, al que acusó de 'falsear la situación de la Policía Municipal'. Según sus datos, los agentes de la guadia municipal que el consistorio sustituirá por guadaespaldas privados representan sólo el 1,8% de la plantilla (algo menos de 700 personas), es decir, 'a lo sumo dos' policías en la calle.

El concejal Olabarria eludió precisar si la contratación de la empresa privada de seguridad se hará por concurso o no.

El PP e ICV sólo accedieron a respaldar a PNV-EA después de que el alcalde, Iñaki Azkuna, se comprometiera expresamente a que agentes de la Policía Municipal retomen estas labores de protección el 1 de enero de 2002. El equipo de gobierno estima que durante este año se podrá formar a nuevos agentes para trabajar en la calle y habrá también más preparados para ejercer de escolta.

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El otro punto sobre seguridad, en el que el equipo de gobierno proponía contratar a una empresa privada para custodiar algunos edificios municipales, quedó pendiente para el próximo pleno, tal y como acordaron los grupos. Para entonces, la cuestión deberá ser debatida con los sindicatos y sometida a un informe de legalidad.

Pocas iniciativas de enjundia más se debatieron en el pleno. Todos los partidos aprobaron pedir a Hacienda que elimine el escudo franquista que desde la dictadura preside la fachada de su delegación en una céntrica plaza de la villa. También fue unánime las decisión de urgir al Gobierno vasco a que pague con celeridad las ayudas de emergencia social a las personas sin recursos, propuesta por EH y enmendada por el PNV-EA. Con la única oposición del PP, el pleno expresó su rechazó a la reforma de la ley de Extranjería que entró en vigor el pasado martes. Era una moción de IU y que también fue enmendada por el PNV-EA. El texto subrayaba la necesidad de contemplar la cuestión de la inmigración desde la perspectiva de los derechos humanos y no como un mero flujo de población o como contingentes de trabajadores.

La edil de EH Marta Pérez Etxandia participó en el pleno tras estar cuatro meses encarcelada a raíz de la operación contra EKIN-ETA.

Sobre la firma

Naiara Galarraga Gortázar
Es corresponsal de EL PAÍS en Brasil. Antes fue subjefa de la sección de Internacional, corresponsal de Migraciones, y enviada especial. Trabajó en las redacciones de Madrid, Bilbao y México. En un intervalo de su carrera en el diario, fue corresponsal en Jerusalén para Cuatro/CNN+. Es licenciada y máster en Periodismo (EL PAÍS/UAM).

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