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LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES

Ecuador reclama garantías para la regularización de sus compatriotas

El ministro ecuatoriano Heinz Moeller dijo ayer en una pausa de las conversaciones con el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, que las negociaciones habían avanzado en un 50% y reiteró la posición de su Gobierno de reclamar a su interlocutor garantías que aseguren 'la regularización de los ecuatorianos informales que se encuentran en diversas regiones de España'. 'En lo demás', añadió, 'el convenio es enormemente ventajoso para Ecuador'. El optimismo que trataba de transmitir el ministro Moeller contrasta con el dramatismo de las escenas que rodean en Quito la visita del secretario de Estado español, que negocia en la capital del país andino un convenio bilateral para frenar el flujo migratorio. 'Legalización', gritaban los familiares de los ecuatorianos sin papeles que se concentraron el miércoles por la noche en el aeropuerto y ayer frente a la Cancillería, donde se llevaron a cabo las negociaciones.

Las pancartas que enarbolaban los familiares de los emigrantes al paso del secretario de Estado español eran elocuentes. 'España, somos un pueblo digno y trabajador. Ábrenos las puertas', 'Gracias España por ayudarnos a la repatriación de nuestros hermanos fallecidos en Lorca' o 'España, madre patria acoge a tus hijos'. Las mujeres se abalanzaban sobre los periodistas españoles para suplicar ayuda por sus maridos o hermanos en España. Contaban su drama personal, el endeudamiento en que han quedado cientos de familias para pagar los billetes de avión y los préstamos recibidos por quienes se fueron en busca de trabajo. No puede tener queja Fernández-Miranda del recibimiento que le han dispensado los ecuatorianos. No hubo un signo de hostilidad.

La primera divergencia que ha trascendido en las declaraciones de unos y otros es el número de inmigrantes ecuatorianos considerados ilegales en España. Moeller afirmó con rotundidad que la cifra no supera los 50.000, muy lejana de los 150.000 que barajan las autoridades españolas.

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