Ayuntamientos y partidos piden el cierre de la planta de Ador
Seis ayuntamientos de la Vall del Vernissa (Rótova, Alfauir, Llocnou de Sant Jeroni, Palma de Gandia, Castellonet de la Conquesta y Almiserà), en la comarca de La Safor, han presentado alegaciones contra la decisión de la Diputación de Valencia de sacar de nuevo a concurso la explotación de la planta de tratamiento de residuos de Ador. El acuerdo, adoptado el pasado mes de diciembre con el voto unánime de todos los partidos representados en el órgano provincial (PP, PSPV, EU y UV), contempla prorrogar la actividad de la fábrica de compostaje 12 años más.
Los consistorios se oponen a la concesión, y demandan a la Diputación que se comprometa al 'desmantelamiento' de la planta de residuos en los próximos cinco años. Mientras tanto, exigen que 'se adopten medidas para mitigar los malos olores', y se eviten los problemas medioambientales, la insalubridad, y las filtraciones contaminantes al río Vernissa procedentes de la fábrica de tratamiento. La planta de compostaje de Ador, que inició su actividad en 1991, trata al día más de 300 toneladas de basura urbana generada en los municipios de La Safor y La Vall d'Albaida.
La ejecutiva del PSPV en La Safor quiso ayer salir al paso del apoyo que su grupo mostró a la ampliación de la concesión de la gestión de la planta de tratamiento. La diputada provincial socialista Pepa Bonet, matizó su postura y pidió al PP 'alternativas' a las obsoletas instalaciones de la fábrica, y 'su reubicación urgente' en otra zona, alejada de los cascos urbanos. Por su parte, Joan Francesc Peris, portavoz de Medio Ambiente del PSPV-Progresistas en las Cortes Valencianas, recordó que el Plan Integral de Residuos urbanos, que el Consell aprobó el pasado noviembre, incluye el cierre de la fábrica de Ador. Pero este documento, que preveía una inversión de más de 43.000 millones de pesetas, 'carece de asignación presupuestaria' y continúa siendo papel mojado, denunció Peris.
La dirección comarcal del Bloc en La Safor también se sumó ayer a las movilizaciones que los municipios afectados han iniciado para exigir el cierre de la planta.
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