Los inmigrantes piden a la delegada del Gobierno una solución 'urgente'

Representantes de inmigrantes ecuatorianos, colombianos, marroquíes y argelinos solicitaron ayer a la delegada del Gobierno en la Comunidad, Carmen Mas, una solución 'urgente' para los miles de extranjeros -entre 15.000 y 20.000 según los sindicatos- que no han regularizado su situación tras el proceso abierto por el Gobierno. A última hora de la tarde, un grupo de inmigrantes acudió a la Escuela de Empresariales de Valencia, donde iniciaron un encierro.

Por la mañana, en una reunión celebrada en la sede de la delegación, los extranjeros plantearon a Mas la necesidad de abordar la regularización de los sin papeles de forma 'preferente', antes de abordar otros aspectos como la puesta en marcha de convenios laborales con otros países para importar mano de obra, porque 'la primera realidad' son los trabajadores sin trabajo que ya están aquí, señaló Marcia Quizhpe, portavoz de la asociación de inmigrantes ecuatoriana Rumiñahu. Quizhpe señaló que la delegada del Gobierno les comunicó que la solución 'no está en su mano', y les pidió paciencia. 'Con hambre no podemos tener paciencia', respondió la representante de los inmigrantes ecuatorianos.

Otro de los aspectos planteados fue el de flexibilizar al máximo la revisión de los expedientes de regularización denegados para abrir las puertas a un mayor número de trabajadores extranjeros y agilizar la tramitación. La delegada del Gobierno apuntó que serán unos 6.000 los expedientes revisados y que se reunirá con empresarios a quienes les solicitó que presenten ofertas de trabajo 'concretas, claras y con perfiles que permitan dar solución a la mano de obra irregular'. La entrada en vigor de la ley ha venido acompañada de 'gran confusión' entre los inmigrantes, como apuntó ayer Javier Botey, el abogado del Centro de Información de Trabajadores Migrantes (Citmi) de CC OO, lo que se traduce en las largas colas que se producen ante la oficina de extranjeros de Valencia.

Gran temor

La Unió de Llauradors reconoció ayer que la nueva Ley de Extranjería ha desatado un 'gran temor' entre los agricultores y emigrantes irregulares que hasta ahora trabajaban en La Vega Baja. Esta organización advierte que ante la imposibilidad de regularizar a extranjeros que cubran las tareas agrícolas, las cosechas se podrían perder por falta de mano de obra. La Unió dice que si no se llega a un acuerdo con la Subdelegación del Gobierno, la falta de mano de obra hará que las alcachofas, el brocoli y las coles se queden en el campo. El secretario de la Unió en Alicante, Ernest Blasco, recordó que ante la ausencia de mano de obra los agricultores proporcionaban a los emigrantes un sueldo por encima de lo establecido, y en ocasiones hasta les proporcionaban vivienda.

No obstante, con la nueva ley las sanciones económicas pueden alcanzar los diez millones de pesetas para aquellos empresarios que contraten a trabajadores irregulares. Una situación que afecta sobre todo a las pequeñas explotaciones de La Vega Baja. Blasco afirma la Unió no permitirá que sufran abusos o explotaciones. Jóvenes Agricultores calcula que el campo necesita en Alicante entre 8.000 y 10.000 nuevos emigrantes.