El Gobierno catalán pretende que los condenados por agredir a mujeres lleven un sistema electrónico de control

El Gobierno catalán aprobó ayer un paquete de medidas pionero en España, que incluye dos proyectos de ley y un decreto, para prevenir y combatir la violencia doméstica por la vía civil, en la que Cataluña tiene derecho propio. Asimismo reclama la modificación del Código Penal para incrementar la eficacia de las medidas que adopten los jueces. En concreto, se solicita la tipificación como delito del incumplimiento de resoluciones judiciales en casos de violencia doméstica.Convergència i Unió defiende la necesidad de que se tipifique como delito el incumplimiento de las resoluciones judiciales que se deriven de casos de violencia doméstica, como por ejemplo el alejamiento del domicilio familiar. En estos casos, se establecería una multa de 12 meses o una pena de prisión de seis meses a un año. Además, también se incluiría la posibilidad de que los condenados llevasen instrumentos de vigilancia electrónica para asegurar el cumplimiento de tales prohibiciones.

Como el Gobierno catalán no puede modificar el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentará un proyecto ante el Parlament para que sea esta Cámara la que lo reclame al Congreso de los Diputados.

En el proyecto de ley catalán, denominado de Prevención de la Violencia Doméstica y en las Relaciones de Pareja, que será enviado al Parlament para su debate y aprobación, se marca como objetivo 'proteger tanto a la pareja como a los hijos, padres u otros familiares' en las fases iniciales o previas a un eventual episodio de violencia. Para ello, se prevén diversas medidas protectoras de carácter inmediato que se aplicarán en el ámbito del derecho civil y que estarán vigentes durante los 10 días siguientes al momento en que se pida protección judicial por haber sufrido agresión o por la amenaza de sufrirla. Dichas medidas suponen la prohibición a la persona agresora de entrar en el domicilio de la víctima, de llamarla por teléfono o de tomar contacto por otros medios, así como el 'alejamiento obligatorio del agresor de los lugares donde reside, estudia o trabaja'.

Aunque estas limitaciones tendrán una vigencia de 10 días, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de ampliarlas hasta un máximo de tres meses, si en este tiempo se decide tramitar un proceso de separación o divorcio. El Gobierno ha redactado estas normas inspirándose en la legislación austriaca.

La adopción de estas medidas requerirá únicamente que la víctima lo solicite mediante un impreso 'normalizado' que existirá en todos los juzgados, y un juez de primera instancia tendrá que decidir en un plazo no superior a las 24 horas si son procedentes y si se aplican total o parcialmente.

El Ejecutivo de CiU también ha creado mediante un decreto una comisión interdepartamental contra la violencia de género, que tendrá como finalidad elaborar un plan en el que se estudien las causas que originan los episodios violentos, así como propuestas de actuación para prevenirlas y para apoyar a las personas maltratadas. Según datos de la Generalitat, en Cataluña cada año unas 100.000 mujeres son víctimas de malos tratos. Una cifra que ascendería a más de 337.000 si se tienen en cuenta las mujeres que no se reconocen como víctimas.