Aznar impone una ley de grandes ciudades frente a la Carta de Barcelona

Barcelona Barcelona no será la única gran ciudad de España que tenga más competencias en materias como justicia, seguridad y financiación, que es lo que plantea la Carta Municipal aprobada por el Parlament hace dos años. El Gobierno central finalmente ha optado por el café para todos por medio de una ley de grandes ciudades que pretende dar más competencias a los grandes municipios, sin precisar de qué ciudades se trata.

El planteameinto de dar más competencias al Ayuntamiento de Barcelona en exclusiva a través de la carta municipal y no hacer extensiva la normativa a otras grandes ciudades, empezando por Madrid, ya fue mal acogida por el Gobierno del Partido Popular de la anterior legislatura. Pasadas las elecciones de marzo de 2000, el gabinete de José María Aznar mantuvo la política de no oponerse a la Carta de Barcelona, pero no ha emprendido ninguna de las modificaciones legales que la carta de Barcelona exige y que requieren la aprobación del Congreso de los Diputados.

Representantes del consistorio barcelonés, empezando por el propio alcalde, Joan Clos, han mantenido reuniones con responsables del gobierno, entre ellos Jesús Posada, ministro para Administraciones Públicas y Mariano Rajoy, vicepresidente primero. Pero no han logrado avanzar nada.

En julio pasado, Posada dijo que se comprometía a 'seguir avanzando sin parar' para llegar a un acuerdo 'en unos meses'. No aclaró si finalmente se optaría por una ley de grandes ciudades que hiciera extensivas a otras las competencias que Barcelona reclama para sí. Por ejemplo, la posibilidad de que el alcalde retire el carnet de conducir o la implantación de una justicia municipal encargada de resolver los conflictos de convivencia. Barcelona también exige mejorar su financiación para hacer frente a los gastos de capitalidad y plantea nuevas fuentes de ingresos, a través del impuesto de hidrocarburos y la recaudación del IVA.

Catorce leyes

En la reunión que mantuvieron ayer las tres administraciones sólo quedó claro un punto: las modificaciones que propone la Carta de Barcelona se incluirán en el proceso de modificación de un conjunto de leyes -14 sectoriales, tres de ellas orgánicas- que darán competencias especiales a las grandes ciudades del Estado.

El encuentro del director general de Administraciones Locales, Luis Pérez de Cosío, la secretaria general del Departamento de Gobernación de la Generalitat, Maria Àngels Barberà, y el concejal de Presidencia y Hacienda de Barcelona, Ernest Maragall, sólo sirvió, de hecho, para desbloquear el proceso de aprobación de la Carta. Y para acordar la celebración de más encuentros, pero sin calendario fijo. Ni siquiera se planteó un plazo aproximado para la aprobación de la ley de grandes ciudades, ni de qué municipios se podrán beneficiar de ella -Sevilla la ha pedido recientemente- o de cuáles serán los criterios de exclusión.

Tampoco se puede dar por garantizado que la futura ley de grandes ciudades prevea las mismas competencias que las incluidas en el tecto de la Carta de Barcelona, aprobada con el consenso de todos los partidos políticos.

Respecto a los plazos, algo que preocupa especialmente al consistorio de Barcelona, Cosío dijo que 'poner un calendario fijo no tendría sentido'. Como mucho, sólo admitió que se intentará hacer 'más pronto que tarde'. Maragall se mostró esperanzado 'en tenerlo listo antes de las próximas elecciones'.

Barcelona lleva meses presionando al Gobierno central y al catalán para acelerar el desarrolllo de la Carta y ya había llegado a asumir que se diluyera en una ley de grandes ciudades. En la parte catalana de la Carta, que prevé que Ayuntamiento y Generalitat compartan la gestión de varias competencias por medio de consorcios, no es que se haya avanzado mucho más, ya que sólo se ha constituido el consorcio de vivienda.

Ninguna de las dos administraciones ha encontrado todavía la fórmula para ponerse de acuerdo en otras materias que afectan a miles de ciudadanos, como la gestión de la enseñanza y del bienestar social, sino más bien todo lo contrario ya que Ayuntamiento y Generalitat se recriminan mutuamente la falta de iniciativa o voluntad política de abordar esas cuestiones.