Crisis en la seguridad aérea

Las oficinas de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, en el número seis de la madrileña calle de Fruela, son modernas, pero el visitante no aprecia una actividad trepidante. La plantilla la componen nueve personas, incluida la secretaria que se ha jubilado y cuyo puesto todavía no se ha cubierto, y tres ingenieros que tienen que resolver las decenas de accidentes e incidentes aéreos que se registran cada año en los aeropuertos españoles.

La principal misión de esta comisión es indagar en las causas de los siniestros para sacar consecuencias de los errores cometidos y elevar el nivel de seguridad aérea, según señala el real decreto que la regula. Así, debe adoptar medidas y recomendaciones para prevenir accidentes y contribuir a disminuir su número. Y tiene que concluir sus informes y publicarlos en un plazo no superior a un año, a partir de la fecha del siniestro.

Retraso de tres años

A pesar del plazo que marca la ley, de las amenazas de algunos jueces que reclaman sin éxito sus informes y de las quejas de los familiares de las víctimas, sus conclusiones técnicas se eternizan. El último informe publicado por esta comisión data de junio de 1998. El retraso en la evaluación de los siniestros es de dos años y medio. Desde 1993 se han registrado en España alrededor de 400 accidentes e incidentes aéreos, con un balance de al menos 141 muertos, 60 heridos graves y más de 1.300 leves.

A juzgar por la carta de dimisión que su presidente, Fernando de Caralt, ex presidente de Construcciones Aeronáuticas (CASA), ha presentado al ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, los importantes objetivos de esa comisión, recogidos en un real decreto, firmado en 1998 por éste último cuando era ministro de la Presidencia, no se cumplen con los medios, la plantilla y la diligencia debida.

La misiva de Caralt, de 67 años, está fechada el pasado 17 de diciembre y dirigida a Adolfo Menéndez, subsecretario del Ministerio de Fomento. Anuncia que deja su cargo 'por la falta de atención de la Administración a las necesidades de la comisión', y añade: 'Acepté el cargo ilusionado, creyendo que podría aportar algo positivo. Si el comienzo ya fue decepcionante, con los cambios ha ido a peor, y yo no quiero entrar en la dinámica de crear alarma social para conseguir algo evidentemente necesario, si España pretende codearse, como dice, con los principales países de la Unión Europea'.

'Me voy frustrado al comprobar que el culto a la diosa burocracia y otros conceptos espúreos sigan pasando delante de la eficacia en la solución de las necesidades claramente expresadas, de un sector parapléjico que sólo se mantiene vivo gracias al buen nivel de formación y dedicación de sus pocos actores. Yo no sirvo ni mi interesa ese culto', reprocha el responsable de la comisión.

Caralt, que tal como exige la ley fue elegido por Arias-Salgado 'entre personas de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional', concluye que esa falta de atención hacia los objetivos del sector de transporte aéreo 'es responsable de que cada colectivo persiga objetivos particulares, con el resultado que denuncian los medios de comunicación'.Meses después de su toma de posesión, Caralt, cuya dimisión ha sido aceptada, había presentado un informe con las necesidades de este organismo a Víctor Calvo Sotelo, anterior subsecretario del Ministerio de Fomento. En el mismo criticaba la escasez de la plantilla y pedía la incorporación inmediata de otros seis ingenieros aeronáuticos con categoría de investigadores, un presupuesto mayor, comunicaciones más modernas y nuevos conciertos con laboratorios, entre otras cosas. El pasado mes de octubre, el presidente de la comisión volvió a plantear a Adolfo Menéndez, actual subsecretario de Fomento, las mismas peticiones, que a su juicio son indispensables para el funcionamiento de la comisión.

La dimisión de Caralt, a la que se ha sumado la del representante en la Comisión de la Asociación de Pilotos Civiles Comerciales, uno de los siete vocales del pleno, ha caído como un jarro de agua fría en Fomento y se suma a las críticas que se vierten a este Ministerio por su 'desatención' a la seguridad aérea. En octubre, el sindicato de pilotos SEPLA denunció que en quince aeropuertos no funcionaban los sistemas de radioayuda y luces de aterrizaje. 'La seguridad de vuelo en España es deficiente, dada la existencia de puntos negros potenciales de peligro en las infraestructuras aéreas', alerta el sindicato. AENA lo niega.

Caralt dice a EL PAÍS que se va porque 'soy un técnico y no quiero pelearme con la burocracia. Cuando acepté el cargo pensaba que me apoyarían. Los recursos humanos son insuficientes y el problema va a ir creciendo'. Recuerda que en otros países europeos las comisiones de investigaciòn tienen hasta 30 ingenieros-investigadores.

En la plantilla de la comisión hay tres ingenieros, un delineante, un experto en imagen y sonido y un informático. Un ex empleado de Iberia es el encargado de interpretar los parámetros de las cajas negras de los aviones siniestrados. Según fuentes oficiales, que reconocen la falta de personal, el equipo trabaja con 'rigor' y cuenta con el apoyo de Aviación Civil.