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Aumar espera que el Gobierno decida sobre el peaje tras el fallo de la UE

El Gobierno español, y no las empresas concesionarias de las autopistas, deberá decidir cómo repercutirá el aumento del peaje al que le obliga la Unión Europea, según defendieron ayer fuentes de Autopistas del Mare Nostrum (Aumar).

El Tribunal de Luxemburgo emitió un dictamen en el que califiba de 'ilegal' la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en los peajes de las autopistas españolas del 16% al 7%. Fuentes de Aumar, empresa que gestiona la A-7, manifestaron ayer que fue el Gobierno quien tomó esta medida 'fundamentalmente fiscal' en 1996, y también deberá ser el Ejecutivo quien tome una decisión ahora. Las empresas concesionarias, explicaron, se limitan a recaudar el IVA en los peajes y 'en ningún caso, está en nuestras manos cambiar la situación'.

La UE obliga a España a restablecer el tipo medio de IVA al 16%, lo que supondrá un aumento del 9% sobre el peaje actual. Aumar desconoce si el Gobierno decidirá repercutir el aumento sobre el usuario o pactará con las concesionarias una rebaja paralela en los peajes a cambio de compensaciones. La nueva situación, en cualquier caso, afectará principalmente al usuario. Aumar tiene la concesión de la A-7 hasta el 2019. En 2000, el tráfico medio del tramo Valencia-Alicante creció un 11,79% y el de Tarragona-Valencia un 7,13%.

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