Chamizo y CC OO asesorarán a los inmigrantes en situación irregular

A la conclusión de su encuentro de ayer para analizar la situación social de Andalucía, ambos coincidieron en la necesidad de emprender acciones -ya sea en el campo o en el servicio doméstico, donde trabaja un gran número de mujeres inmigrantes-, para solucionar, según Chamizo, 'los graves problemas a los que se tienen que enfrentar los extranjeros no regularizados'. El defensor del pueblo valoró en 1.200 millones la cantidad que los inmigrantes que trabajan en la comunidad enviaron el pasado año a sus familiares, lo que supone 'que en Andalucía se queda mucho más'.

Además, Chamizo aseguró que varios empresarios se han dirigido a su oficina para solicitar mano de obra inmigrante, concretamente unas 200 personas, 'dejando patente la necesidad de estos trabajadores para el campo andaluz'. Por ello, exigió la normalización de la situación de estos empleados 'que a veces no pueden trabajar, a pesar de la demanda, porque no tienen papeles'. 'Si hay necesidad de mano de obra deberíamos ver qué tenemos que hacer para solucionarlo', indicó. Ruiz y Chamizo coincidieron en rechazar el llamamiento del delegado de Estado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, a los ayuntamientos del PP para que no empadronen a los inmigrantes, una actitud que 'puede fomentar la aparición de conatos xenófobos'.

Por su parte, Andalucía Acoge informó que no empadronar a un inmigrante, aunque sea irregular, no sólo constituye una infracción administrativa penada por la Ley de Extranjería, sino que puede ser un delito de discriminación tipificado en el Código Penal (art. 511). Su presidente, José Luis Rodríguez, advirtió que 'lloverán querellas' contra los funcionarios que, siguiendo las recomendaciones de Fernández-Miranda, se nieguen a incluir en el padrón a los inmigrantes irregulares, informa Leonor García.

'La responsabilidad de meter a la gente en esta confusión es del Gobierno. No comprendemos cómo el delegado para la Extranjería aconseja a los ayuntamientos que realicen actos de discriminación castigados en la ley aprobada por ellos mismos', dijo y advirtió que la responsabilidad política será del Gobierno, pero la penal corresponderá a los funcionarios que incumplan la resolución que obliga al empradronamiento, aún de los irregulares, y que fue publicada en el BOE el 25 de julio de 1997.