Vizcaya tendrá que adaptar su normativa a los otros territorios

El PNV, EA y el PP vasco dieron ayer un nuevo giro a la complicada vida fiscal vasca. Si hace menos de un mes las discrepancias entre los dos primeros partidos vascos dejaban a los contribuyentes de Vizcaya en inferioridad de condiciones respecto a los de los otros dos territorios, ayer se dio la vuelta a la tortilla. Las tres fuerzas políticas han sellado un pacto de 'estabilidad fiscal' que permitirá que los tres territorios tengan la misma normativa tributaria. El acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, al frente de las instituciones forales, evita los pactos con terceros y dará homogeneidad al sistema tributario vasco.

El instrumento clave del nuevo pacto es el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), en el que están representados el Gobierno y las tres diputaciones forales, controlados por los tres partidos firmantes del acuerdo. La idea es que las decisiones en el seno de este organismo se tomen por unanimidad y que los firmantes aseguren su aplicación hasta sus últimas consecuencias, de forma que la fiscalidad a la que están sometidos particulares y empresas sea idéntica en toda la comunidad autónoma.

El acuerdo se ha alcanzado al día siguiente de que se rompiera la llamada paz fiscal alcanzada en enero de 2000 entre las administraciones central y vascas. Este pacto, urgido por los casos abiertos por la Unión Europea contra los incentivos fiscales a la inversión, suponía la retirada de todos los recursos ante los tribunales y la supresión por las instituciones forales de la normativa más controvertida. El Gobierno central ha roto este compromiso con la presentación de tres nuevos recursos.

Paradójicamente, al día siguiente de hacerse pública este nuevo choque entre las administraciones central y vascas se ha sellado la paz fiscal dentro de Euskadi. El Partido Popular, que gobierna en Álava, acerca de este modo posturas en materia fiscal con los partidos nacionalistas, al tiempo que marca distancias en este terreno con su propio partido en Madrid.

Las primeras consecuencias de la paz fiscal en Euskadi las verán los contribuyentes vizcaínos. En diciembre se aprobaron en Álava y Guipúzcoa los cambios pactados en el OCT para adaptar los decretos liberalizadores del Gobierno a Euskadi. Las medidas entraban en vigor este mismo mes de enero. Las divergencias entre el PP y el PNV sobre el intento de los nacionalistas de aprovechar la aprobación de esta norma para colar una normativa presupuestaria impidieron que Vizcaya contara con una normativa igual que los otros dos territorios.

Ahora, la primera consecuencia de este pacto va a ser aprobar una norma foral en Vizcaya que sea similar a las de Álava y Guipúzcoa. Ello supone que las plusvalías coticen al 18% y no al 20% y no haga falta mantenerlas un periodo de tiempo. Las diferencias en esta normativa crearon un amplio malestar entre las organizaciones patronales. La otra gran modificación que se aplicará en Vizcaya es la deducción por vivienda para los menores de 35 años que afecta al 25% de la inversión, que llegará al 30% de los intereses siempre y cuando los ingresos sean inferiores a 4,5 millones.

Este acuerdo fiscal llega en tiempos de fuertes discrepancias entre los nacionalistas y los populares y en los que la sombra de las elecciones es una realidad. Al mismo tiempo se pone freno a la distancia entre dos partidos claves a la hora de negociar la renovación del Concierto Económico vasco, cuya fecha de caducidad es el 31 de diciembre de este año.

Los populares ya han manifestado su interés de defender en los tribunales la normativa fiscal impugnada por el Gobierno de su partido en Madrid. A esta defensa se debe sumar la vocación de este partido en Euskadi de apoyar el Concierto como parte del entramado institucional derivado de la Constitución y del Estatuto de Gernika. Ahora el acuerdo lo deben ratificar los diputados de Hacienda.