Un coste estimado de 17.000 millones de pesetas

Si el Gobierno no lo remedia, la decisión del Tribunal de Luxemburgo tendrá una repercusión directa en el bolsillo de los usuarios que deberán pagar alrededor de 17.000 millones de pesetas más al año por utilizar las autopistas de peaje, cantidad que dejó de cobrar el Estado en 2000 al aplicar un IVA del 7% en lugar del 16%, según cálculos del sector.

Este incremento de los peajes de un 9% por motivos fiscales se sumará al que tuvo lugar el 1 de enero por la revisión de las tarifas acordada por el Ministerio de Fomento, y que supuso una subida media del 2,24%.

La pregunta ahora es saber quién asumirá el aumento impositivo. El Ministerio de Hacienda dice que aún no tiene nada decicido, mientras que el de Fomento, encargado de fijar las tarifas, ni siquiera se dignó a responder ayer cuando se le requirió una opinión sobre este asunto.

El mutismo oficial contrasta con las reacciones desde otros ámbitos. La más importante fue la de Generalitat de Catalunya cuya Consejería de Política Territorial propuso ayer formalmente a Fomento que sea el Estado el que asuma la subida a través de la creación de un fondo específico.

Las empresas concesionarias, a través de su patronal Aseta, se mostraron dispuestas a no repercutir ese aumento a los peajes, compensando el aumento del IVA con una rebaja proporcional de las tarifas, siempre y cuando reciban del Ejecutivo compensaciones como un nuevo aumento de los plazos de concesión. Ésta ha sido la fórmula empleada por el Gobierno francés, tras haber sido condenado por el Tribunal de Luxemburgo por no aplicar el IVA.

Por su parte, el PSOE e IU coincidieron en que deben ser las sociedades concesionarias y no el usuario las que deban absorber este aumento. El portavoz socialista de Infraestructuras, José Segura, aseguró que pedirá a Fomento que haga valer su competencia normativa para impedir que 'los errores del Gobierno y de CiU los paguen los ciudadanos'.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Unión de Consumidores de España (UCE) también se manifestaron en contra de que se cargue al ciudadano la subida.