El Gobierno pide ahora a los municipios que no empadronen a inmigrantes irregulares

Una portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos recordó ayer que el empadronamiento es imprescindible para que los inmigrantes tengan acceso a la atención sanitaria, salvo en los casos de menores y mujeres embarazadas. Por su parte, el portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME) sospecha que Fernández-Miranda intentará introducir en el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería la obligación de presentar el certificado de residencia para lograr el empadronamiento.

El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, expuso ayer en Valencia, ante 500 cargos municipales de su partido, los problemas que está encontrando el Gobierno para gestionar el fenómeno de la inmigración.

Fue en ese ámbito cuando criticó la todavía vigente Ley de Extranjería -la nueva impulsada por el PP entra en vigor el próximo 23 de enero- como una 'ley contra el Gobierno, la más permisiva de Europa, cargada de errores y que ha llevado a la realidad del fenómeno actual'. El secretario de Estado para la Inmigración resumió que, con la nueva ley, la Administración será más dura con los inmigrantes pero también con los empresarios que les contratan ilegalmente.

Tras esa introducción, Fernández-Miranda reclamó de los representantes municipales que sean 'más cuidadosos' y también 'más exigentes' con el sistema de empadronamiento. Les recordó que 'los ayuntamientos tienen un papel clave para combatir la inmigración ilegal, ya que son los que se encargan del empadronamiento', que sólo se debe hacer a los inmigrantes con permiso de residencia, y les pidió que se olviden 'del afán de empadronamiento por conseguir más ayudas, porque así nos hacen un flaco favor'.

El artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local afirma que 'todo español o extranjero que viva en territorio español deberá estar empadronado en el municipio en el que resida habitualmente'. Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Extranjería, incluso tras la reforma impulsada por el PP, ordena que los consistorios 'incorporarán al padrón y mantendrán actualizada la información relativa a los extranjeros que residan en el municipio', sin precisar que tengan que disponer de permiso de residencia. Las normas en vigor sólo establecen como requisito para empadronarse un documento de identidad (pasaporte) y otro que acredite el domicilio (un recibo de luz o de alquiler).

Fernández-Miranda admitió ante los ediles del PP llegados de toda España que cumplir ese consejo del Gobierno no les será fácil y sí muy complicado por el problema para discernir la situación de los inmigrantes ilegales.

Algunos de los más importantes alcaldes del PP presentes en la Intermunicipal se mostraron sorprendidos por esta petición de Fernández-Miranda. Y la interpretaron como una advertencia para que no engorden sus censos para percibir una serie de ingresos por distintos servicios que deben prestar en función de su número oficial de habitantes.

Fernández-Miranda no desaprovechó tampoco el foro para criticar al PSOE por su oposición a la reforma de la Ley de Extranjería impulsado por el Ejecutivo. E interpretó que el PSOE ha decidido incluir el problema de la inmigración entre los asuntos de enfrentamiento con el Gobierno.

Las instrucciones de Fernández-Miranda a los alcaldes del PP cayeron como una losa en el PSOE, donde sus responsables de Política Municipal e Inmigración, Álvaro Cuesta y Consuelo Rumi, respectivamente, acusaron al secretario de Estado de tratar como 'desecho' a los inmigrantes, de transferir a los ayuntamientos obligaciones sobre esta materia 'pero no financiación' y de demostrar un desconocimiento absoluto de la realidad municipal.

El PSOE aprovechó para exigir al Ejecutivo convenios de colaboración entre la Administración central y la municipal.

En ninguna de las numerosas reuniones que Rumi y sus compañeros socialistas han mantenido con Fernández-Miranda para la nueva Ley de Extranjería se planteó esta cuestión del padrón municipal. 'Es un disparate más de Fernández-Miránda. Esta última originalidad nos confirma la descoordinación del Gobierno y su falta de criterio', declaró Rumi. La responsable de Inmigración del PSOE basa su estupor en el recordatorio de una campaña, vigente en 1998 y 1999 de la Secretaría de Asuntos Sociales con el título De inmigrante a ciudadano, empadrónate, acude a tu ayuntamiento, 'que no distinguía entre personas con o sin papeles', asegura Rumi. Esta dirigente está convencida, 'por los hechos', de que 'el Gobierno rehúye el pacto con el PSOE'.

Pero esta convicción no impedirá que el PSOE continúe con su reclamación de pacto tal y como señaló el responsable de Política Municipal, Álvaro Cuesta. 'Seguimos exigiendo que en el gran acuerdo sobre la inmigración estén los ayuntamientos que sin tener recursos deben hacer frente, en la práctica, a los servicios que necesitan los inmigrantes', dijo Cuesta. En todo caso la aportación económica que se deriva del empadronamiento 'no soluciona ni mucho menos todo lo que se necesita para atender la salud, la educación, la vivienda y la cultura de los inmigrantes'.

El responsable municipal socialista acusa, además, al Gobierno de haber eliminado de los últimos Presupuestos la partida a los ayuntamientos para ayuda a los servicios que estos prestan a los inmigrantes.