Sindicatos y padres de alumnos, contra el decreto de matriculación

Los sindicatos y las asociaciones de padres han mostrado por igual su irritación ante el decreto de matriculación de alumnos para el próximo curso que el Departamento de Enseñanza les ha hecho llegar y que el Gobierno de la Generalitat debe aprobar esta misma semana. El decreto, aseguran, es básicamente el mismo de los últimos cinco años y no 'equilibra las obligaciones entre centros públicos y privados concertados'.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (Fapac) ha hecho pública una nota en la que muestra su 'preocupación' ante el borrador del decreto y denuncia 'el agravio comparativo' entre los centros públicos y privados por 'la falta de garantías y organismos de control sobre la distribución de los alumnos con necesidades educativas especiales', eufemismo con el que se designa a los hijos de inmigrantes o procedentes de entornos marginales y desestructurados.

La Fapac pide la creación de una oficina única para la matriculación, la garantía del establecimiento de itinerarios educativos entre primaria y secundaria y que las comisiones de matriculación dispongan de competencias para garantizar 'la equidad, la igualdad, la integración social y el derecho a la libre elección de centro por parte de las familias'. La Fapac lamenta 'profundamente' que para elaborar el decreto no se hayan tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo Escolar de Cataluña.

El sindicato CC OO se manifestó ayer en el mismo sentido y pidió al Gobierno de la Generalitat que no publique el citado decreto 'porque no equilibra las obligaciones entre centros públicos y privados y no introduce ninguna de las recomendaciones propuestas por el Consejo Escolar'. El sindicato denuncia que la nueva normativa 'es prácticamente calcada de la anterior y no responde ni a una nueva realidad educativa ni a las nuevas necesidades sociales', ya que no modifica 'la filosofía subyacente en el anterior decreto y continúa sin resolver las cuestiones que hacían precisa la elaboración de una nueva normativa'.

CC OO reclama un decreto que, en materia de matriculación, 'equilibre la relación entre escuela pública y privada concertada y que las reglas del juego para la matriculación de niños y jóvenes fueran las mismas para todo centro sostenido con fondos públicos'.

El pulso entre la comunidad educativa de la escuela pública y el departamento que dirige Carme Laura Gil en torno al control del proceso de matriculación viene de lejos. Las presiones de los últimos años llevaron a Enseñanza a establecer la obligación de las escuelas concertadas de reservar plazas para hijos de inmigrantes. La patronal de la Iglesia, sin embargo, se ha mostrado reacia en todo momento a abrir sus puertas.