El plan contra las 'vacas locas' movilizará a 117 veterinarios y dos laboratorios

El Gobierno andaluz ya tiene su plan para 'garantizar la seguridad alimentaria en el sector del vacuno'. El consejero de Agricultura, Paulino Plata, dio ayer cuenta de los programas diseñados para atajar el mal de las vacas locas en Andalucía; de la encefalopatía espongiforme bovina aún no se ha presentado caso alguno en la región, pero la muerte de siete vacas en Asturias, Galicia y León por este mal ha encendido todas las alarmas. Las medidas para 2001, valoradas por la Junta en 5.284 millones, supondrán la movilización 117 veterinarios y la adaptación de dos laboratorios en Córdoba y Sevilla que realizarán los análisis científicos para detectar la enfermedad.

Muchas de las medidas del plan, en el que también participan la Consejería de Salud y la Consejería de Medio Ambiente están ya en marcha, en cumplimiento de la normativa aprobada por la UE contra esta enfermedad, que es transmisible a los humanos. Así, los servicios veterinarios han realizado en estos últimos días un centenar de tests rápidos a las reses de más de 30 meses sacrificadas; el Ministerio de Agricultura ha asignado 59.500 tests a Andalucía para este año que, por ahora, están siendo analizadas en un laboratorio de Algete (Madrid).

Incógnitas sin resolver

El control de estos tests se realizará en 'poco tiempo', según Plata, en el laboratorio de Córdoba, que recibirá el apoyo de otro centro en Sevilla dentro de seis meses. El plan supondrá la incorporación de 192 técnicos adicionales, entre ellos 53 veterinarios, si bien el colegio profesional de veterinarios ha criticado que no se haya contado con sus aportaciones para diseñar el dispositivo. 'Es un plan abierto', replicó Plata a las críticas.

Lo que aún no está cerrado en el plan autonómico es cómo eliminar en la región los materiales específicos de riesgo (cráneo, encéfalo, ojo, amígdalas, médula espinal, intestino) y los cadáveres de vacas, ovejas y cabras muertas en granjas. Hasta ahora, se envían a una planta de Castellón para su incineración.

La Junta estudia varias vías: autorizar incineradoras para destruir directamente los materiales de riesgo o permitir su transformación en harinas cárnicas (cuyo uso en ganadería está ahora suspendido) para luego quemarlas en cementeras o acumularlas en vertederos específicos. La transformación en harinas cárnicas es más barata (5 de las ocho fábricas podrían hacerlo casi inmediatamente) y plantea menos rechazo social que las incineradoras, pero las negociaciones con las empresas aún no han fructificado. La Junta baraja, incluso, importar incineradoras móviles de Estados Unidos.