Revitalización democrática en Perú

El nuevo milenio y el inicio del año 2001 marcan el comienzo de la revitalización democrática en Perú, sobre la base de los objetivos propuestos por el Gobierno de transición liderado por el presidente Valentín Paniagua y por el presidente del Consejo de Ministros, Javier Pérez de Cuéllar. En ese sentido, es mucho lo avanzado desde el 25 de noviembre pasado en los campos de democratización, derechos humanos, la moralización y la lucha contra la corrupción.

En el plano interno, el nuevo Gobierno nos garantiza la celebración de un proceso electoral transparente en el que la población podrá elegir libremente al presidente que gobernará Perú por cinco años a partir del 28 de julio próximo, así como a los 120 congresistas designados a través del Distrito Electoral Múltiple, sistema recientemente aprobado que permitirá que las 25 circunscripciones territoriales del país puedan votar a sus representantes. Asimismo, el Gobierno ha restituido a los tres miembros del Tribunal Constitucional, ha retornado a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José y ha suscrito el Estatuto de Roma, que adhiere al Estado peruano a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.

Asimismo, el Gobierno ha dado amplia muestra de su irrestricto respeto a la libertad de prensa con la devolución de dos canales de televisión de señal abierta a sus legítimos propietarios, asegurando la plena libertad de expresión. Igualmente, por iniciativa del ministro de Justicia, Diego García Sayán, el Congreso de la República ha aprobado un conjunto de normas que permiten investigar y, eventualmente, abrir procesos penales contra los implicados en casos de corrupción existentes en el anterior régimen.

En materia económica, ya se han adoptado disposiciones para la estabilización y reactivación de la economía peruana. El ministro de Economía, Javier Silva Ruete, busca reducir el riesgo país con señales claras y coherentes respecto de las políticas general y sectorial. Asimismo, también se ha asegurado el pago oportuno del servicio de la deuda, el diseño de mecanismos para eliminar distorsiones tributarias, el impulso del desarrollo competitivo de las áreas deprimidas y el incremento de la capitalización de empresas. Y, junto a ello, se ha garantizado la seguridad jurídica y de las reglas de juego establecidas para la inversión nacional y extranjera.

En el plano internacional, el afianzamiento del nuevo papel de Perú se apoya en las iniciativas enunciadas líneas arriba, cuyo propósito consiste en sentar las bases de un entorno estable y predecible, adoptando criterios de responsabilidad y estableciendo como prioridad el respeto a los tratados y compromisos contraídos.

Es en este escenario en el que se llevará a cabo en Perú durante el presente año la Cumbre Iberoamericana, que, al celebrar el inicio de su segunda década como mecanismo político de concertación y reflexión, será ocasión propicia para renovar la voluntad de Perú de contribuir a un futuro común de paz, mayor bienestar e igualdad social y ratificar su compromiso con el desarrollo económico y social y su vocación por la plena vigencia de los derechos humanos, la ampliación de los cauces democráticos, el fortalecimiento institucional y el respeto de las normas de derecho internacional.

Dentro de esta perspectiva general, la relación bilateral con España, ya marcada por la excelencia, cobra una especial significación no sólo por la magnitud de la inversión y la cooperación españolas y el decidido apoyo demostrado hacia Perú, sino porque compartimos la visión de una asociación estratégica entre América Latina y la Unión Europea, en la que la península Ibérica está llamada a ejercer un papel de primer orden en virtud de su claro soporte a los procesos de consolidación democrática, de su compromiso económico a largo plazo y del patrimonio cultural, histórico y lingüístico que comparte con Iberoamérica.-