Un nuevo conflicto del interventor malagueño con el edil de Hacienda bloquea pagos por 3.000 millones
Las discrepancias entre el concejal y el interventor han impedido la luz verde para unos 1.000 millones de pesetas en transferencias a Urbanismo que tenían que realizarse antes de fin de año. También se han retrasado el pago a Limasa por el servicio de limpieza y recogidas de basuras en la capital, y abonos a distintas empresas de servicio. Según distintas fuentes municipales, en la misma situación están unas 800 facturas por adquisiciones y compras realizadas en los últimos días de diciembre, entre ellas la propia Cabalgata de Reyes o la Fiesta Mayor de Verdiales.
El conflicto tiene su origen en un informe del interventor municipal fijando el día 23 de diciembre como plazo máximo para la admisión de facturas por gastos efectuados. Carlos Claros señalaba que, tras ese último día hábil, las obligaciones de pago que llegaran a su departamento no serían ya incluidas en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2000. La comunicación fue trasladada desde el área de Hacienda a todos los departamentos y distritos, y justificada en la necesidad de la Intervención Municipal de cumplir con el precepto legal de tener realizada la liquidación de un ejercicio antes del 1 de marzo.
Aguilar decidió firmar un decreto habilitando el mes de enero de 2001 para tramitar todas las facturas llegadas hasta el 31 de diciembre y afirmando que estas obligaciones serían reconocidas en el ejercicio que acaba de finalizar. La medida motivó un segundo informe del interventor advirtiendo de que la segunda parte de la disposición era nula de pleno derecho y alertando de que 'las facturas habían de ser reconocidas durante el año natural', ya que lo contrario daría lugar a posibles devengos nulos. Ante ello, el edil de Hacienda se vio obligado a anular parte del decreto. Aguilar se mostró ayer confiado en alcanzar una salida con el interventor, al entender que la solución a través de posteriores reconocimientos de crédito provocará un indudable retraso en el pago.
El edil dejó entrever que la situación es responsabilidad del interventor y dijo que no tenía precedentes en ejercicios anteriores. Otras fuentes municipales indicaron que el problema se ha agudizado, porque el propio Aguilar ha decidido tensar la situación y considerar que el cierre del ejercicio el día 23 de diciembre, impuesto por Intervención, no sólo debe afectar a las facturas, sino también al área de contabilidad y ha bloqueado igualmente compromisos ya fiscalizados y que debían abonarse.
El enfrentamiento entre el área de Hacienda e Intervención surgió tras una pretendida reorganización de este departamento municipal que suponía una pérdida de competencias del alto funcionario, en concreto de la tarea fiscalizadora. La iniciativa no prosperó, pero a finales de diciembre de 2000 el edil creó una jefatura de contabilidad que situó prácticamente con el mismo rango de la intervención, lo que ha sido también denunciado por el Colegio de Interventores y Secretarios.
Hace apenas dos semanas, la Intervención Municipal puso reparos a pagos efectuados por el Ayuntamiento en 1999 que sumaban más de 540 millones de pesetas. El funcionario señaló diversas irregularidades en la tramitación. Este área municipal también cuestionó la previsión de ingresos por impuestos y tasas municipales prevista por el equipo de gobierno del PP en el presupuesto municipal de 2001. El interventor opinaba que el ingreso real por impuestos sería mucho menor.
Las discrepancias entre el concejal y el interventor han llevado al delegado de Urbanismo, Manuel Ramos, a decir públicamente que 'en este momento la mejor oposición en el Ayuntamiento es el interventor'.
