Destacados investigadores acusan a Birulés de 'falta de transparencia' en la concesión de ayudas

Los créditos han beneficiado, según fuentes del ministerio, a nueve comunidades autónomas. Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las que más dinero han recibido a interés cero y con un plazo máximo de amortización de 15 años.

Desánimo e indignación son las dos expresiones que más se han oído en los últimos días entre la comunidad científica española. La causa no es otra que la 'convocatoria relámpago', como se la empieza a llamar en determinados foros, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó el pasado mes de diciembre para dar salida a un montante cercano a los 40.000 millones de pesetas en forma de créditos para la adquisición de equipamientos e infraestructuras científicas.

Las quejas, más que por la intención de la convocatoria, considerada por la gran mayoría como una 'excelente idea', se ceban en cómo se fraguó y en el mecanismo empleado tanto para su resolución como en la evaluación de las propuestas que al final se han hecho acreedoras de las ayudas del ministerio. En opinión de destacados investigadores, la resolución de la convocatoria, lejos de ser una buena noticia, 'acrecienta el desamparo' entre los miembros de la comunidad científica.

La convocatoria, lamenta Fernando Palacio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Zaragoza, 'abre gateras alternativas' en los mecanismos de financiación de la ciencia en España. 'Los científicos', resume, 'nos hemos acostumbrado a someter nuestros proyectos a la evaluación de expertos por vías regladas'. Estos mecanismos, añade, corren el peligro ahora de verse 'carentes de sentido' ante lo que considera una 'puerta alternativa' para la financiación de proyectos de interés científico.

La 'convocatoria relámpago' del ministerio se publicó el pasado 8 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado fijando como plazo límite para la presentación de solicitudes el día 15 del mismo mes. El dinero disponible para la misma alcanzaba sobradamente los 40.000 millones de pesetas, cantidad que supera con creces los presupuestos que anualmente destina el Gobierno a la financiación pública de la ciencia a través de los Planes Nacionales y el Programa de Promoción General del Conocimiento. Entre ambos, según datos oficiales, apenas alcanzan los 32.000 millones. Para acceder a ellos, los investigadores deben elaborar un proyecto y someterlo a una evaluación por expertos. Al final del proceso, un grueso considerable de los proyectos se queda sin financiación, y buena parte de los que la obtienen reciben menos de lo que han solicitado.

En 15 días

'El sistema no es perfecto, pero asegura unos mínimos de calidad y una cierta ecuanimidad' en la repartición de los escasos fondos existentes, sostienen los científicos. En la resolución de la convocatoria, indican, no hay garantía de la existencia de ese tipo de mecanismos. Según consta en el texto de la misma, el comité de evaluación está formado íntegramente por funcionarios del Estado. 'No hay ningún científico entre ellos', lamenta Josep Fontcuberta, investigador del CSIC en Barcelona.

La resolución de la convocatoria, algo inusual, se cerró en 15 días escasos. Sus resultados, según costa a este diario, se han comunicado ya a los centros solicitantes. De acuerdo con fuentes del ministerio, se han otorgado 31.500 millones de pesetas, distribuidos en nueve comunidades. Aunque el desglose de las concesiones no ha trascendido, Cataluña (con casi 12.000 millones), Madrid (de 8.000 a 10.000) y Comunidad Valenciana (7.000) habrían sido las más beneficiadas. El resto, entre 4.000 y 6.000 millones, se habría repartido entre Galicia, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Murcia y País Vasco.

Por proyectos, destacan los promovidos por la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra en el área biomédica y que habrían recibido en conjunto de 6.000 a 8.000 millones (en el mismo debe incluirse la participación de la Universidad Politécnica de Cataluña y de Idibaps); el Parque Científico de Madrid, impulsado por la UAM para el 'desarrollo de un centro de alta seguridad en sanidad animal', aunque consta que se han sentado las bases para la adquisición de un sincrotrón por valor de 4.500 millones, y la Ciudad Politécnica de Valencia, de la Universidad Politécnica valenciana, inicialmente para el desarrollo de un centro de cultivos transgénicos.

Otras propuestas son las presentadas por el Centro de Supercomputación de Galicia, Grantecán (Gran Telescopio de Canarias), Parque Mediterráneo de la Tecnología y Parque Científico Biosanitario de la Universidad de Salamanca. Asimismo destacan las impulsadas por Red Iris (2.000 millones) y por el CSIC en el complejo urbano integrado por nueve centros alrededor de su sede en la calle de Serrano de Madrid (1.400).

La escasa información oficial existente, así como los rumores desatados sobre los mecanismos de evaluación y concesión de los créditos blandos del Departamento que dirige la ministra Anna Birulés, ha llevado a la organización de asambleas informativas en distintos centros de investigación. En las mismas se barajaba la posibilidad de elaborar un manifiesto de protesta ante la situación creada.