El Tribunal Superior pone fin a la disputa entre profesores de dos departamentos de Derecho Constitucional de la UPV

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara conforme a derecho la decisión de la Comisión de Ordenación Académica de la Universidad del País Vasco que asignó la docencia de las asignaturas Derecho Político I y Derecho Político II al Departamento de Derecho Constitucional e Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Unidad Docente de la Facultad de Derecho, en Lejona. Y reconoce que la asignación de la docencia fue para el que 'se consideró más idóneo'. Esta resolución reconoce la regla tres del acuerdo adoptado, es decir que 'a un Departamento específico no se le asignará docencia que no corresponda al campus donde se encuentre', se pone fin a la disputa existente desde 1997 entre los profesores integrantes de los dos.

Diecisiete profesores de la Facultad de Derecho de San Sebastián, entre los cuales figuran Manuel Castells Arteche, Demetrio Loperena, Juana María Goizueta, Gurutz Jáuregui, Juan Bautista Goñi, Luis Elícegui y María Begoña Alberdi, recurrieron el acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica de 8 de octubre de 1997 por haber sido dictado 'por órgano incompetente'. Lo impugnaron por que la 'competencia para asignar la docencia de las referidas asignaturas' en dicha Unidad Delegada de la Facultad de Derecho en Lejona 'corresponde a la Junta de la Facultad de Derecho de San Sebastián'. Añadían en su recurso que por el principio de 'unidad de docencia, corresponde legalmente al Departamento de Derecho Constitucional y Administrativo impartir la docencia de dichas asignaturas en la Unidad Delegada que la Facultad de Derecho de San Sebastián tiene en el campus de Lejona'.

El tribunal reconoce la competencia de la Comisión de para tomar el acuerdo citado ya que si la Junta de Gobierno 'ha de aprobar los planes de estudio correspondientes, también ha de extender su competencia en la adscripción de docencia a los Departamentos'. Niega el tribunal que las motivaciones del acuerdo tomado 'fueron ajenas al interés público' y rechaza que exista 'discriminación alguna entre los Departamentos implicados y los profesores que los integran'.