Las subastas culpables ponen en venta a Sotheby's
Alfred Taubman, su mayor accionista, liquida su participación tras el fraude de los precios pactados, y LVMH quiere hacerse con ella
La inauguración de la nueva oficina central de Sotheby's, la casa de subastas que acapara, junto con Christie's, el 95% del mercado mundial de venta de arte, perdió en junio pasado dos invitados muy especiales. Alfred Taubman, su presidente, y Diana Brooks, la directora, no acudieron al corazón de Manhattan para admirar las obras de Monet y Modigliani colgadas en la sede de una compañía que sujeta desde hace 250 años con firmeza la industria de la expresión de la belleza. El dúo acababa de dimitir por cobrar comisiones abusivas y haber pactado los precios de sus operaciones con sus famosos rivales. Una demanda de los clientes afectados acabó de golpe con el secretismo de las pujas millonarias para dar paso a un proceso judicial donde el valor en liza es la libertad de los imputados. Y mientras los jueces deciden, Taubman ha pedido una valoración de sus acciones, que representan el 63% de los derechos de voto de la firma y el 75% de la representación en el consejo de administración. Quiere saber con qué cuenta si decide venderlas en una operación no inferior a 56.150 millones de pesetas.
Los detalles de la posible venta están siendo estudiados por el banco Crèdit Suisse, si bien los portavoces de Taubman aseguran que no ha decidido nada aún. Aunque el resto de los accionistas podría ponerse en contra, la firma francesa de objetos de lujo LVMH ha mostrado ya interés por hacerse con un sello emblemático, si bien algo descolorido hoy, de las piezas más delicadas del mercado artístico. Taubman está facultado para deshacerse de sus acciones a espaldas del resto del consejo, pero con alguna reserva. Sus miembros pueden buscar a su propio comprador e incluso fijar un precio razonable siempre que consigan cerrar la operación en el plazo de dos meses.
Acostumbradas a la exquisitez de los productos y a fijar los precios del mercado, nadie pensaba en Sotheby's o Christie's que una reputación impecable pudiera mancharse con tanta rapidez. Para cuando algo más de 40 clientes anónimos denunciaron las prácticas monopolísticas de los dos nombres en apariencia intocables de las subastas, el Departamento de Justicia de EE UU no tuvo reparos en desvelar que llevaba tres años investigando sus transacciones. Como suele ocurrir, uno de los que dio la alarma ignoraba el entramado de actos ilícitos que destaparían las sillas falsas adquiridas en Sotheby's por 2,7 millones de dólares. Se trataba de Herbert Black, un comerciante canadiense, que sólo pretendía recuperar su dinero y olvidar el bochorno sufrido.
Su caso resulta llamativo porque la sillas en cuestión eran meras reproducciones. Antes de llevárselas, cuando aún eran oficialmente auténticas, debió abonar una comisión de entre el 2% y el 10% de su valor. Una tasa, ésta, exigida a vendedores y compradores desde 1992 por encargarse de las subastas, y resultado directo del pacto sellado entre Sotheby's y Christie's para seguir obteniendo beneficios sin hacerse sombra.
Desde hacía ocho años, la cúpula de ambas casas pactaba también los precios de sus operaciones de compraventa. Compartían además una lista de 50 clientes privilegiados, a los que no cobraban comisión. Teniendo en cuenta que las buenas subastas dependen en gran medida de los coleccionistas privados, y que las dos firmas dominan unas ventas cifradas en unos 4.000 millones de dólares anuales (más de 600.000 millones de pesetas), tratarles con deferencia formaba parte de la estrategia comercial.
¿Quién sellaba los pactos? Por parte de Sotheby's, el presidente Taubman y la directora ejecutiva Brooks. Del lado de Christie's, sus homólogos, sir Anthony Tennant y Christopher Davidge. Este último ha accedido a colaborar con los investigadores a cambio de una amnistía condicional. En otras palabras, una multa, pero nada de cárcel. Como era de esperar, la pena pecuniaria ha sido mayúscula. Las dos compañías abonarán cada una 256 millones de dólares (51.200 millones de pesetas) para compensar a los 50 clientes estafados. El juez encargado del caso, Lewis Kaplan, les dio un mes para remitir la mitad de dicha cantidad a los demandantes. Luego debían informar de lo ocurrido a sus 120.000 clientes.
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