El reinado de Witiza
En el antiguo régimen, cuando los niños estudiábamos la historia de los reyes godos, el texto decía algo así como 'triste y oscuro se presenta el reinado de Witiza' para resaltar las dificultades a las que se iba a enfrentar el monarca visigodo. Una cierta analogía con esta expresión se ha extendido hoy para señalar el cambio de condiciones con el que se enfrenta el Gobierno de Aznar.
El clima ha variado para el Ejecutivo por dos circunstancias complementarias: la aparición de problemas cotidianos que, hasta el momento, ha despejado con especial torpeza o con singular dontancredismo (Tireless, vacas locas, síndrome de los Balcanes, inmigración, salarios de los funcionarios, plan hidrológico, Liaño, inflación, primeros escarceos sobre la sucesión de Aznar...), y la sensación de la ciudadanía -que se manifiesta en los sondeos- de que por primera vez en mucho tiempo hay alternativa política en el nuevo equipo de José Luis Rodríguez Zapatero.
En el terreno económico, la evolución de los precios no ha hecho sino empeorar (4% en 2000). Aunque los analistas prevén una primera parte del año menos inflacionista que antes, la explicación del secretario de Estado de Economía, José Folgado, sobre la subida de diciembre no pudo ser menos científica; incluso empleó el verbo aventurar para afirmar que la inflación bajará si el euro se revaloriza, los salarios no ganan poder adquisitivo, el petróleo baja de precio y la demanda interna se enfría. Es decir, una tautología. En este contexto, ¿tiene algo que hacer la política económica gubernamental en su batalla para homologar la inflación española a la europea? (Alemania cerró el año con el 1,9%; Francia, con el 1,6%).
Pero el calendario político también estará influido por otra circunstancia económica: el sector eléctrico. La Comisión Europea debe decidir sobre la ortodoxia de los costes de transición a la competencia (que gravan a todos los consumidores con un recargo en la factura de la luz del 4,5%, lo que supone una transferencia a las compañías eléctricas de 1,3 billones de pesetas), y el Consejo de Ministros ha de autorizar la fusión de Endesa e Iberdrola, que también tendrá profundas consecuencias sobre la competencia. Aumentar o disminuir la competencia en un mercado no es una decisión económica, sino política, como lo es la evolución de los impuestos, el establecimiento de tasas o recargos, o el reparto del gasto público entre la sanidad, la educación, el desempleo, los salarios o las subvenciones empresariales. En su libro La competencia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez escribe que en ésta 'lo que siempre existe es una lucha, que se decide políticamente, entre intereses particulares e intereses generales... La razón por la cual la introducción de competencia es una tarea llena de consecuencias políticas es que la situación que se pretende modificar -el monopolio o la falta de competencia- da dinero, da poder. Y al revés: quitar las restricciones a la competencia, suprimir los monopolios, quita dinero, quita poder'.
El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, ya ha dicho que el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) permite autorizar la fusión entre Endesa e Iberdrola, lo que sugiere avanzar algunas de las cuestiones políticas centrales que se plantearán si al final ésta se produce: la fusión ¿reduce la ya escasa competencia en el sector eléctrico o la amplía?; ¿por qué se autoriza esta concentración y el Gobierno no permitió la anterior entre Unión Fenosa e Hidrocantábrico?; ¿por qué Rato aconsejó al presidente del Grupo Repsol, Alfonso Cortina, que no intentase una operación alternativa entre Gas Natural, empresa del grupo, con Iberdrola?; ¿cuál es el genérico plan de cesión de activos que tienen previsto las empresas en cuestión?, etcétera. Como en tantos otros terrenos, el Gobierno intervino con arbitrariedad y ahora ha de explicarse con la mayor transparencia. Empezando por dar a conocer el informe del TDC.
