Pendientes

Pendientes de las ocurrencias del PP. Desde hace varias semanas la vida política parece estar quedando reducida a un proceso sucesivo de ocurrencias por parte del Gobierno del PP sobre los más variados asuntos públicos que nos está dejando atónitos. Cuando todavía no nos hemos repuesto de la explicación que el Gobierno nos proporciona sobre un determinado problema, se produce la explicación sobre otro aún más descabellada. El Gobierno del PP parece haberse instalado en un insensato juego de la oca, en el que salta de ocurrencia inverosímil a ocurrencia inverosímil, sin más justificación que la de tirar siempre porque le toca.

El proceso se inició con la presentación en sociedad del indulto del ex juez Gómez de Liaño. En ese momento pensé que se había alcanzado el límite de lo chocante y esperpéntico y que no volveríamos a encontrarnos con explicaciones similares para asuntos de interés público. Pero me equivoqué. La intervención de Ángel Acebes no fue un punto de llegada, sino un punto de partida. La explicación que se nos ha suministrado por el Gobierno a lo largo de estas últimas semanas sobre otros asuntos ha rebasado con creces la altura en la que el ministro de Justicia había puesto el listón de la insensatez.

Estamos a la espera de la intervención de Federico Trillo en el Congreso para dar una explicación sobre el síndrome de los Balcanes, pero ayer sábado nos enteramos de que Pío Cabanillas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, dio como explicación de la respuesta escrita a la pregunta de IU en la que se negaba el uso de uranio empobrecido en los Balcanes, que la información de la OTAN se había transmitido al 'mando militar', pero no a 'los Gobiernos'. La respuesta no sólo es absurda, sino que es directamente anticonstitucional. Con la Constitución y la legislación de desarrollo de la misma en la mano, el 'mando real y efectivo' de las Fuerzas Armadas le corresponde al presidente del Gobierno y, por delegación de éste, al ministro de Defensa. El 'mando militar' en singular en España es el presidente del Gobierno o el ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas carecen de autonomía respecto del poder civil en nuestro ordenamiento constitucional. No es posible que las Fuerzas Armadas tengan información relevante sobre un asunto de la que no tenga conocimiento el ministro de Defensa como mínimo. Y si no la tiene, el ministro, en cuanto titular del 'mando militar' tendría que destituir inmediatamente a los 'mandos militares' que no le transmitieron la información y que dimitir a continuación por un clamoroso error en el ejercicio de su cargo. Constitucionalmente, el presidente del Gobierno o el ministro de Defensa son las fuerzas armadas. No pueden no conocer una información de la OTAN. Esta es una presunción iuris et de iure, es decir, de aquéllas que no admiten prueba en contrario. En este terreno no se puede escurrir el bulto. De todas maneras, esperaremos a ver qué dice el martes Federico Trillo.

Hay otros asuntos en los que el Gobierno ha optado por escurrir el bulto, intentando hacer recaer la responsabilidad en las comunidades autónomas. Así lo hizo el presidente del Gobierno en dos ocasiones en su entevista en Antena 3 el pasado martes respecto de la crisis de las vacas locas. Pero, como dice el refrán, más pronto se coge a un mentiroso que a un cojo. Y lo ocurrido en Alemania al día siguiente de dicha entrevista con la dimisión de los ministros de Sanidad y Agricultura por no haber hecho frente a la crisis de las vacas locas con la eficacia debida, dejó en evidencia la explicación de José María Aznar. Alemania es un Estado Federal, en el que los Länder no sólo tienen las competencias que tienen nuestras comunidades autónomas en esta materia, sino que participan mucho más que éstas en las decisiones comunitarias, porque se han introducido reformas en la Constitución para hacerlo posible. Y sin embargo, han sido los ministros federales y no los responsables de los Länder, los consejeros autonómicos para entendernos, los que han asumido la responsabilidad política por la mala gestión de la crisis. Y, ni de lejos, los ministros alemanes han tenido un comportamiento similar a los de Miguel Arias Cañete y, sobre todo, Celia Villalobos.

Así lo hizo ayer también la comisaria europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacios, con el fraude del lino. Lo que fue calificado por la ex ministra como un 'montaje electoral del PSOE', resulta que es ahora un 'fraude generalizado', que debe ser investigado por la Audiencia Nacional, pero del que debe responsabilizarse ante todo a las comunidades autónomas, que eran las competentes en la materia y cuyas autoridades pueden haber incurrido en el delito de 'malversación' por haber 'consentido' el falseamiento por parte de los agricultores de las condiciones para obtener la subvención de la Unión Europea.

A lo mejor la comisaria y ex ministra piensa que los ciudadanos son tontos y que se les puede dar cualquier tipo de explicación. Pero lo que no sé es cómo va a explicar que haya presentado la denuncia únicamente después del informe de la Fiscalía Anticorrupción, brutalmente descalificado por sus compañeros de partido, incluido el actual ministro de Agricultura, y unos días antes de que haga público su informe definitivo la Oficina Antifraude de la Unión Europea. ¿Es una estrategia de ponerse el parche antes de que salga el grano?

Y todavía nos queda por ver qué es lo que se nos acaba diciendo sobre la responsabilidad de las comunidades autónomas en el seguro incumplimiento por falta de medios de la Ley del Menor. Y sobre las dificultades en la aplicación de la Ley de Inmigración, que antes de su entrada en vigor se puede pronosticar doble contra sencillo que va a resultar un fracaso. Por no mencionar lo que vamos a tener que oír a lo largo de esta semana a medida que se aproxime la manifestación del sábado en el Campo de Gibraltar para protestar por la permanencia del Tireless en la base británica.

Un Estado políticamente descentralizado no puede operar con normalidad de esta manera. Es muy difícil que los Gobiernos de las comunidades autónomas sean leales con un Gobierno de la nación que no lo es con ellos. El plantón de esta semana de los consejeros autonómicos a la ministra Villalobos ha sido un aviso. ¿Será entendido como tal?