La sanidad pública británica almacena decenas de miles de órganos sin permiso

La extracción de órganos de pacientes muertos en los quirófanos de la sanidad pública británica, en especial niños, sin el consentimiento paterno es una práctica habitual que debe modificarse lo antes posible. Estas palabras, pronunciadas en tono de disculpa por Liam Donaldson, portavoz médico del Gobierno, avanzaron ayer una posible modificación de las normas que han permitido hasta la fecha a los centros médicos almacenar, sólo en Inglaterra, decenas de miles de corazones y cerebros a espaldas de las familias de los afectados.

En una reunión convocada por el propio Donaldson, el asesor oficial admitió que la sanidad pública ha tratado durante décadas a los pacientes con paternalismo. 'Extraer el órgano de un menor sin decírselo a sus padres es propio de una era en la que los médicos tomaban decisiones en nombre de los pacientes, pero sin contar con ellos como personas', dijo.

El problema es que las leyes británicas que regulan la recolección de órganos para su análisis, estudio o trasplante exigen el consentimiento familiar, al tiempo que dejan la última palabra en manos del juez de primera instancia encargado de autorizar las autopsias. De este modo, los hospitales pueden aducir que necesitan un órgano para establecer las causas de la muerte ante su señoría sin haber consultado antes a los parientes más próximos. Aunque están obligados a ello por la ley de 1961 que marca el uso de los tejidos humanos, ignorando a las familias, los médicos han reunido colecciones enteras de corazones y cerebros consideradas hoy indefendibles.

Extirpaciones en niños

La comparecencia pública de Donaldson llega poco antes de la publicación de las conclusiones de la investigación sobre la extracción, entre 1988 y 1995, de centenares de órganos de niños fallecidos en el hospital Alder Hey de Liverpool. Ninguno de los padres recuerda haber firmado un formulario dando el consentimiento para ello. Los pocos que lo hicieron no recibieron la información adecuada por parte del centro médico y creían que sólo autorizaban la operación de sus hijos. 'Todos los padres han sido vapuleados por la sanidad pública y sienten que sus hijos han sido sometidos a una carnicería', según Ian Cohen, abogado de las familias afectadas. Una de las madres, Janet Valentine, que perdió hace nueve años a su hija Kayleigh en el hospital, ha preguntado qué hacen los órganos de la niña en las dependencias de Alder Hey. '¿Qué han ganado con ello, aparte de abusar de nosotros y hacernos sufrir?'.

También en 1995 se supo que el hospital general de Bristol, la Royal Infirmary, había hecho algo similar desde 1984 con los corazones de unos 170 pequeños. Una vez más, las familias fueron olvidadas. Ambos escándalos han precipitado la aparición de normas de conducta para los especialistas nacionales enfrentados a la necesidad de guardar el órgano de un paciente muerto.