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OPINIÓN DEL LECTOR
Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

La Complutense puntualiza

En relación con las noticias publicadas los días 10 y 11 en EL PAÍS acerca del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de las universidades madrileñas correspondiente a 1998, y con el ánimo de completar la información de sus lectores, le ruego la publicación de las siguientes puntualizaciones, que ya han sido trasladadas al Tribunal de Cuentas en el escrito de alegaciones realizado por la universidad.

1. Según el periodista, el tribunal reprocha a las universidades que no utilicen 'la subasta como procedimiento ordinario de adjudicación de las obras'. Sin embargo, el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece que el procedimiento habitual será el concurso o la subasta, si bien no siempre esta última resulta la más conveniente, puesto que el precio no es el único criterio de consideración.

2. Es cierto que en 1997 la UCM incrementó el presupuesto en 20.706 millones, con el fin de proceder a la regularización contable del pago de las 'deudas históricas'. Todo ello se fundamenta en el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, a tenor del cual el Ministerio de Economía se hacía cargo de la obligación de ingreso de las deudas de las universidades madrileñas en materia de Seguridad Social e IRPF anteriores a 1996 (no del año 1996, como se dice en la noticia). Así pues, el acuerdo de la junta de gobierno para incrementar el presupuesto tenía toda la base legal.

3. La práctica de adquirir obligaciones sin aplicarlas al correspondiente presupuesto se debe a la insuficiente financiación para el pago de las nóminas, lo cual obliga a atender ese compromiso con operaciones extrapresupuestarias, como se ha hecho constar al Tribunal de Cuentas.

4. La no ejecución de las obras de la Facultad de Farmacia, para las que se solicitó y pagó la correspondiente licencia, se debió a que en diciembre de 1998 la Ciudad Universitaria fue declarada bien de interés cultural, lo cual determinó la imposibilidad legal de comenzarlas.

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