Las universidades públicas rechazan las conclusiones del Tribunal de Cuentas

El problema que arrastran las universidades públicas es la falta de programas de financiación para los gastos corrientes, según José Antonio Gonzalo, vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad de Alcalá. 'Si bien esta universidad tiene un buen programa de inversiones, que nos ha permitido llevar a cabo grandes obras, en cuanto a financiación estamos en una situación muy deficitaria', reconoció.

El vicerrector rechaza, no obstante, que la subasta sea el principal sistema de adjudicación de obras, como propugnan los técnicos del Tribunal de Cuentas. 'El concurso [que es el sistema que aplican mayoritariamente las universidades madrileñas] también está recogido por la ley', recuerda.

Por su parte, el rector de la Autónoma, Raúl Villar, asegura que el saldo medio de las distintas cuentas de su universidad es de unos 2.500 millones, 'pudiendo aparecer una diferencia de 84 millones, como señala el informe, por el periodo trimestral de conciliación de cuentas, que en todo caso están revisadas y conformes'.

Revistas científicas

Villar destaca igualmente que 'la compra de revistas científicas extranjeras, sobre cuya necesidad y urgencia resulta chocante que el Tribunal pida cuentas a una universidad, se hace en todos los países científicamente desarrollados a través de un limitadísimo número de distribuidoras internacionales, las cuales participaron en el concurso inicial y que, tras quedar desierto, fueron llamadas de nuevo al procedimiento negociado previsto en la legislación'.

En cuanto a la elevación en 62 millones del precio de la urbanización de los accesos a la Escuela Informática, a los que el Tribunal de Cuentas no encontraba justificación, 'se debió a que durante la ejecución de obras apareció de forma inesperada un antiguo vertedero (en el que se descubrieron restos humanos, sobre el que se dio cuenta a la autoridad judicial), que hizo imprescindible la ejecución de un nuevo vial y el cambio del firme previsto', según el rectorado.

La Universidad Rey Juan Carlos, a la que los auditores públicos acusaban de haber adjudicado una obra a la empresa más cara, considera que 'ha venido siguiendo el criterio de valorar económicamente las ofertas de las empresas constructoras en función de su proximidad a la media aritmética resultante de todas las proposiciones económicas admitidas, excluidas aquellas que estuvieran en baja temeraria'.

'Dentro de la misma proximidad se puntuaban más las ofertas que estaban a la baja que aquellas que iban al alza de la expresada media aritmética'. Esta modalidad, según la universidad, garantizaba una mejor realización de la obra.

La Rey Juan Carlos incide en que 'así ha venido haciéndose desde el principio a plena satisfacción, tanto de las empresas como de los técnicos encargados de supervisar las obras'. 'El Tribunal de Cuentas no puso ninguna objeción a estos criterios de adjudicación de obras durante el año 1997, por lo que la universidad ha seguido aplicándolos hasta que en septiembre de 2000 recibió una notificación del citado tribunal sugiriendo algunos cambios a esta forma de actuar'.

Adjudicación a Telefónica

La Universidad Politécnica, a la que el Tribunal de Cuentas, acusó de adjudicar sin concurso un sistema de transmisión de datos con Telefónica, recuerda que en 1997 se firmó un convenio con esta empresa de comunicaciones, ya que en ese momento 'la citada compañía era la única que disponía de tendidos de fibra óptica que cubrían la práctica totalidad de las conexiones', lo que justifica sobradamente su contratación.

La Universidad Carlos III alegó al informe del Tribunal de Cuentas que 'el hecho de no utilizar las subastas como forma de adjudicación en los contratos superiores a los 100 millones se debe principalmente a que la selección del empresario no se efectúa exclusivamente en atención a la oferta cuya precio sea más bajo'. Se valoran también, dicen sus responsables, 'los plazos de ejecución, esenciales para la entrada en servicio de nuevos edificios donde albergar titulaciones impartidas por la universidad y que tienen un plazo concreto para empezar'.

La Complutense, por su parte, recuerda que se procedió a cambiar de adjudicatario cuando se descubrió que las obras de la ampliación de una facultad se tuvieron que suspender por carecer de licencia.

Pero la responsable de asuntos de Universidad del PSOE en la Asamblea, Dolores Rodríguez Gabucio, calificó ayer de 'intolerables' las deficiencias en la gestión económica de las universidades públicas que ha señalado el Tribunal de Cuentas, y culpó al consejero Gustavo Villapalos por 'dejación de su responsabilidad de control'. En su opinión, las deficiencias 'se deben a las prisas, a la comodidad, a la relajación, a la falta de medios, a un amiguismo bien intencionado y a necesidades perentorias que lleva a las universidades a eludir la ley de contrataciones', declaró a Efe.

El grupo socialista cree que la responsabilidad última de esta situación es de Educación, 'que amparándose siempre en la autonomía de las universidades, no ha querido saber nada de lo que pasa'. 'El consejero Villapalos', dijo la diputada, ' ha hecho dejación de sus funciones, porque aunque las universidades tengan autonomía de gestión, funcionan con dinero público, y la Comunidad está obligada a vigilar, controlar, coordinar y asesorar a las universidades públicas'.