Siete empresas piden permiso para abrir minas en los terrenos del futuro aeropuerto

La Consejería de Medio Ambiente, que debe tramitar las declaraciones de impacto previas a la concesión de las explotaciones mineras, ha rechazado la mayoría de peticiones. La consejería esgrime que ya existen demasiadas canteras en el entorno donde se quieren abrir las nuevas.

La directora general de Educación y Prevención Ambiental, Teresa Calatayud, firmó en enero de 1999 una declaración de impacto negativa sobre el proyecto de una mina, denominada La Paloma, que quería ocupar el subsuelo donde, según los planos de la Comunidad de Madrid, se construirían cuatro de las pistas del futuro aeropuerto.

El argumento empleado por Medio Ambiente fue el siguiente: 'En el entorno inmediato de la explotación objeto de la presente evaluación, y más concretamente en el radio de cinco kilómetros, se ubica un gran número de proyectos de explotación de canteras de caliza, tanto en tramitación como operativas, con sus correspondientes autorizaciones'.

El diputado Modesto Nolla, del grupo parlamentario PSOE-Progresistas, cree que 'las vacilaciones y cambios de criterios en torno al segundo aeropuerto por parte de la Comunidad y del Gobierno central han desencadenado una carrera especulativa para copar los terrenos'. 'Empresas que tenían sólo permisos de investigación y que no tenían prevista la explotación de la zona, a la vista de las previsiones del Gobierno, han decidido tomar posiciones para que sus derechos de explotación valgan mucho más cuando se lleven a cabo las expropiaciones', afirma.

En agosto de 1998, el entonces viceconsejero de Medio Ambiente, Alejandro Sanz, firmó otra declaración de impacto negativa para una mina situada en la zona del Campillo. Los mineros pedían una ampliación de su explotación de unas 120 hectáreas. El área que reclamaban ocuparía aproximadamente la zona donde se levantarán las terminales del futuro aeropuerto.

'Injustificado'

Pero la declaración de impacto firmada por Medio Ambiente también fue negativa por varias razones. Entre ellas, porque se estimaba 'injustificado' poner en funcionamiento una nueva explotación cuando aún le quedaba a la misma empresa otra cantera en las proximidades con 15 años de vida. Además, en el entorno de la explotación, y en el radio de dos kilómetros, 'se ubican al menos otros siete proyectos de explotaciones de calizas, tanto en tramitación como autorizadas, aparte de otras explotaciones existentes que continúan operativas en la actualidad'.

Unos argumentos muy semejantes a los empleados en la declaración de impacto negativa que firmó Medio Ambiente en septiembre de 1998, cuando se exigió la declaración de impacto para una mina (Calcasa) que ocuparía la zona de las terminales de carga. 'En el entorno inmediato de la explotación', escribieron los responsables de Medio Ambiente, 'y más concretamente en el radio de dos kilómetros, se ubican al menos seis proyectos de explotaciones de calizas'.

Otras empresas tuvieron más suerte. La sociedad Aricemex obtuvo una declaración de impacto positiva en septiembre pasado. No obstante, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ya ha anunciado que la Consejería de Economía le denegará el permiso de explotación necesario, ya que la mina también ocuparía terrenos estratégicos para la futura construcción del aeropuerto. Fuentes del Ejecutivo regional anticiparon ayer que todas las peticiones serán denegadas, ya que pretende reservar suficiente terreno para el aeropuerto que sustituirá al de Barajas.

Nolla reprocha al Gobierno que 'no haya usado adecuadamente los instrumentos de planeamiento que habrían podido frenar estas masivas peticiones'. Recuerda que la revisión de las normas de Campo Real fue aprobada en abril de 1999 y establece como usos incompatibles cualesquiera que supongan la transformación del hábitat para la fauna. 'Tengo serias dudas de que este aeropuerto se vaya a construir', afirma Nolla, 'pero los hechos parecen demostrar que se encarecerá notablemente con las expropiaciones'.